PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coial), Baldomero Segura, ha lamentado que la nueva Ley Agraria de Balares "no responde a la realidad económica" y añade que es "un conjunto de intenciones que no dará respuesta a las necesidades de los empresarios agrarios baleares".
El Coial ha expresado en un comunicado "su malestar" porque "los consensos y principios que parecían haberse entendido y compartido se han esfumado del texto final".
En esta línea, han destacado que durante el proceso de participación se ha mantenido "la lealtad institucional, el rigor técnico y la empatía necesarios para entender a todas las partes interesadas y lograr con todo ello una solución de consenso".
Sin embargo, "la burocracia introducida y la incomprensible cesión de competencias a otras administraciones invalida en la práctica los avances y acuerdos que se había alcanzado", han señalado.
Con todo ello, desde el Coial esperan que "en la fase de tramitación parlamentaria que ahora se inicia se consiga reconducir el texto a lo oportuno y a lo razonable".
Segura ha manifestado que si se "aspira a mantener y potenciar la agricultura en Baleares, con esta ley se van a necesitar importantes subvenciones y será una catástrofe si fallan los recursos económicos para hacer frente a las mismas".
"La división tradicional en sectores primario, secundario y terciario se ha desdibujado, ahora la actividad productiva incorpora también una amplia gama de servicios, y para hacerla rentable no basta con producir materia vegetal o animal, sino que hay que transformarlo y presentarlo al consumidor; crear servicios y ofrecer actividades complementarias que pongan en valor los procesos productivos que se desarrollan", ha advertido el decano.
Además, también ha hecho referencia a la "población flotante". En este sentido, ha dicho que "millones de personas pasan cada año por Baleares y van a ser parte también de la demanda de esos productos y sus estándares de consumo pueden ser muy distintos".
Los ingenieros agrónomos han considerado que "la ley debería dar facilidades y herramientas para desarrollar la actividad agraria y sus complementarias, manteniendo siempre las estructuras agrarias", si bien han criticado que "la ley que se pretende aprobar da pasos atrás, se introducen tantas trabas burocráticas que poner en marcha una actividad que complemente las rentas de los pequeños productores se va a convertir en un examen inquisitorial".
Asimismo, han sostenido que el texto que acaba de iniciar su trámite parlamentario "mantiene las facilidades para las grandes explotaciones". "Los más pequeños, que necesitan poner en marcha actividades complementarias como actividades equinas -con tanto arraigo social y cultural-, actividades relacionadas con el medio ambiente o pequeñas almazaras y bodegas, se ahogarán en un mar de burocracia", ha expresado Segura.
RIESGO DE ABANDONO DE EXPLOTACIONES
Por otro lado, desde el Coial han declarado que una de las consecuencias de la entrada en vigor de este tipo de regulaciones es el "abandono de las explotaciones".
De este modo, los inversores "pueden aprovechar para ir comprando poco a poco parcelas de la isla y destinarlas a la actividad que mayor rentabilidad les aporte", ha explicado.
"Hay que evitar la expulsión de los agricultores de sus fincas, sean grandes o pequeñas, y eso se consigue haciéndolas rentables", ha concluido el decano.
