El comité de empresa de Ports asegura que la privatización no mejorará la calidad del servicio pero aumentará tasas

Actualizado: miércoles, 21 mayo 2014 19:14

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Ports de les Illes Balears -CCOO, UGT e Independientes- ha mostrado este miércoles su preocupación por el proceso de privatización y ha asegurado que éste no supondrá ninguna mejora en la calidad del servicio, y sí un incremento de las tasas y una disminución de los derechos de los usuarios en base.

En un comunicado, el comité ha recordado que de esta empresa pública dependen los puertos de Andratx, Sóller, Pollença, Cala Rajada, Porto Cristo, Cala Bona, Portocolom, Portopetro, Cala Figuera, Colònia de Sant Jordi, Ciutadella, Fornells y Sant Antoni de Portmany.

Además, ha explicado que no ve creíble que el objetivo de la privatización sea el ahorro o el aumento de los ingresos de la entidad puesto que 29 instalaciones gestionadas de manera indirecta suponen unos ingresos de ocho millones de euros para las arcas públicas, y 13 instalaciones gestionadas de manera directa por PortsIB, generan siete millones de euros.

Por otro lado, ha apuntado que la privatización del puerto de Calanova ha supuesto la fuga masiva de usuarios en busca de amarres en los puertos gestionados directamente por PortsIB por el "incremento abusivo" de las tasas a pagar por los amarristas.

El comité entiende que la premura para llevar a cabo la privatización coincide con el final de la legislatura actual y que el proceso "realizado atropelladamente, sin directrices claras y sin estudios previos que justifiquen su viabilidad y los beneficios del cambio de gestión, no responden a una búsqueda del interés general sino que pretende beneficiar intereses privados, y que, a la larga, provocará la inaccesibilidad de estos servicios al ciudadano medio, suponiendo menos beneficios para la administración".

Todo ello, "provoca una gran alarma y preocupación" tanto en el personal, como entre los usuarios. Además, creen que no está justificado en el interés general puesto que es "una decisión política para hacer partícipes del negocio a unos pocos, cuando estas instalaciones han sido construidas y mantenidas con dinero público".