PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Comité de las Regiones ha aprobado este miércoles por amplia mayoría el dictamen del Govern que reclama una atención específica de la Unión Europea a las islas mediterráneas ante la especial vulnerabilidad socioeconómica, ambiental y climática de estos territorios insulares.
En una nota de prensa, la Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores ha informado de que con el título 'Hacia un uso sostenible de los recursos naturales en el marco insular mediterráneo', se trata del primer dictamen presentado por iniciativa propia del Govern en el Comité de las Regiones y que ya fue aprobado en el seno de la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones, en junio.
Mediante este dictamen --firmado por la presidenta Francina Armengol y el primero que ha presentado el Govern por iniciativa propia en el Comité de las Regiones-- se constata la necesidad de avanzar hacia una atención específica por parte de la Unión Europea a las islas mediterráneas.
Este documento, defendido este martes ante el pleno del Comité de las Regiones por el director general de Relaciones Exteriores, Antoni Vicens, por delegación de la presidenta del Govern, Francina Armengol, recoge en sus conclusiones la "necesidad" de avanzar hacia una "aplicación real y efectiva" en el caso de las islas mediterráneas "de la atención especial a los territorios insulares" que establece el Tratado de Funcionamiento de la UE, tal como sí se ha desarrollado la atención específica a estos territorios en el caso de las regiones ultraperiféricas.
Asimismo, el dictamen insta a la Comisión Europea a "elaborar una estrategia para las islas que tenga en cuenta las características y vulnerabilidades especificas de los territorios insulares mediterráneos" y que desarrolle acciones concretas y coordinadas entre estas regiones, los estados miembros y la propia Unión Europea.
Los territorios insulares mediterráneos son "altamente vulnerables desde el punto de vista ambiental, social y económico, y acogen a más del 90% de la población insular de la UE". El dictamen también recuerda que uno de los principios europeos es la cohesión económica, social y territorial, dentro del cual se enmarca la atención especial a los territorios insulares recogida en el Tratado de la UE. Sin embargo, la realidad es que hasta ahora sólo se ha desarrollado una estrategia para las regiones ultraperiféricas.
La crisis sanitaria actual provocada por la COVID-19 ha puesto de relieve "la especial vulnerabilidad" de los territorios insulares, como también recoge el dictamen, que aborda los retos específicos de las islas mediterráneas, su escasez de recursos naturales ante el impacto de las actividades socioeconómicas y la necesidad de disponer de una mejor financiación, tal y como expuso el director de Relaciones Exteriores, Antoni Vicens.
Esta propuesta se enmarca dentro del objetivo del Govern de fortalecer la defensa de la insularidad mediterránea en los foros europeos para recalcar los desafíos presentes a la cuenca mediterránea. El Comité de las Regiones es la asamblea política que da voz a los entes locales y regionales en el proceso de elaboración de las políticas y la legislación de la Unión Europea y el Govern es miembro de pleno derecho.
El texto defendido por el Govern recuerda la limitación y fragilidad de los recursos naturales de las islas --territorio reducido, dependencia energética, sobreexplotación de los recursos hídricos, hábitats naturales amenazados, etc.-- y pide el desarrollo de medidas de protección medioambiental específicas. En este sentido, pone como ejemplo la figura de las zonas marítimas especialmente sensibles de la Organización Marítima Internacional.
Asimismo, subraya que la elevada especialización de las economías insulares en los sectores servicios y turísticos, las hace más frágiles y dependientes de la coyuntura internacional, y pide medidas específicas dentro del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular, la consideración de la especificidad del transporte y la revisión de las normas de ayudas estatales en este ámbito, y el desarrollo de indicadores sintéticos de sostenibilidad.
Por otro lado, insta a la CE a considerar una nueva gobernanza multinivel dentro de la cuenca mediterránea, a ampliar marcos de colaboración como por ejemplo MedInsulae (formada por Baleares, Córcega, Cerdeña y Gozo) y un plan estratégico multinivel para el desarrollo sostenible de las islas mediterráneas, entre otros medidas.
Por último, plantea la necesidad de contar con una financiación adecuada como herramienta para usar los recursos de forma sostenible, y pide una mejor adaptación de los actuales instrumentos de financiación de la UE a las realidades, el refuerzo de la inversión en investigación y de la insularidad como criterio en el sistema de asignación de los fondos de la política de cohesión, una mayor flexibilización de los requisitos de la concentración temática, atendiendo la realidad económica, social y territorial de las regiones insulares mediterráneas o las inversiones relacionadas con las infraestructuras de accesibilidad y transporte terrestre, portuario y aeroportuario de las islas.
