PALMA DE MALLORCA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consell de la Joventut de Baleares (CJIB) ha acordado este sábado por unanimidad reclamar un cambio en la forma jurídica de este órgano de participación juvenil que le permita tener personalidad jurídica propia.
Según el comunicado de la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, desde 2016, el CJIB es un órgano colegiado que está adscrito a la misma Conselleria .
El CJIB valora que esta figura fue positiva en su momento para recuperar un órgano que se suprimió el 2012, pero que, dos años después de su recuperación, es necesario desatarse del Govern para tener más autonomía en su tarea de defender los intereses de los jóvenes.
Asimismo, el CJIB reclama, además, que el nuevo órgano se cree y se regule mediante una ley del Parlamen, y no a través de un decreto aprobado por el Govern, como por ejemplo.
En el discurso de la sesión, el CJIB ha aprobado también el presupuesto para 2019, que asciende a 125.500 euros, frente a los 45.500 euros de este año.
El incremento se debe a la voluntad del CJIB de contratar, mediante un concurso público, un servicio de asistencia técnica que le permita llevar a cabo proyectos y programas destinados a los jóvenes.
Otros objetivos por el año que viene son llevar a cabo un plan de formación para las entidades juveniles y descentralizar los encuentros del órgano entre las diferentes islas, a fin de que todos los jóvenes isleños se puedan sentir mejor representantes.
El Pleno de este sábado ha aprobado también la incorporación de tres nueces vocales a la Comisión Permanente, el órgano de gobierno del CJIB.
Está formado íntegramente por entidades juveniles y por consejos de juventud de ámbito insular y local y tiene como funciones representar la juventud de las Islas Baleares, impulsar la participación activa y dinámica del colectivo y promover y defender el asociacionismo juvenil a la Comunidad Autónoma.
La constitución del CJIB supone recuperar un órgano de participación juvenil que se suprimió en 2012, mediante un Decreto Ley, después de casi tres décadas de funcionamiento.
Comunidades autónomas como por ejemplo Andalucía, Canarias o Madrid han optado también por esta fórmula jurídica, que supone un menor coste para el presupuesto público y que permite a sus miembros dedicarse única y exclusivamente a las tareas asignadas de consulta y participación.
El nuevo CJIB es también más plural que el que funcionó hasta el año 2012, puesto que da cabida a las entidades más pequeñas (tienen que tener un mínimo de diez personas afiliadas, frente a las 100 del pasado) y, en una fase posterior, se abrirá también a los colectivos no organizados, como miembros no observadores. Cabe destacar que ninguno de las personas que forman parte del órgano cobran remuneración ni dietas
