PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha defendido este viernes "el interés general como principio para regular el alquiler turístico y garantizar el acceso a la vivienda", después de que se haya admitido a trámite la querella contra el alcalde Antoni Noguera por prevaricación por prohibir el alquiler turístico en Palma.
Según ha informado Cort en un comunicado, el Juzgado de instrucción 5 de Palma ha decidido admitir a trámite la querella presentada por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) contra Noguera.
En el marco de este proceso, que se encuentra en estado de diligencias previas, el Ayuntamiento de Palma ha manifestado que "el alquiler turístico no ha estado nunca permitido a Palma, incluso antes de la aprobación de la ley de turismo". Asimismo, ha señalado que "la regulación del alquiler turístico no solo no contradice ninguna ley, si no que era una obligación impuesta por la propia ley turística".
A continuación, ha apuntado que "la modificación de la Ley de Turismo y el decreto posterior aprobados el 2017 marcó el camino que tenía que seguir el Ayuntamiento para delimitar las zonas aptas para la comercialización de Estancias Turísticas dentro del municipio y empezar a regular este fenómeno nuevo de la economía del turismo".
Posteriormente, ha recordado que la Federación de Asociaciones de Vecinos impulsó una propuesta legislativa popular aprobada en sesión plenaria el 27 de julio de 2017. La propuesta fue analizada a nivel técnico y jurídico por saber si tenía el aval necesario para convertirse en propuesta urbanística.
Entonces, el Ayuntamiento de Palma gestionó el impulso del expediente para aprobar la regulación del alquiler turístico, tal y como marcaba la Ley de Turismo. Esta se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Palma de manera definitiva el julio de 2018.
"La motivación y justificación del acuerdo es técnica y basada en el interés general, ha insistido, a lo que ha añadido que: "El acuerdo de regulación del alquiler turístico no fue arbitrario ni contraviene la legalidad, como se presupone en un caso de prevaricación, porque la iniciativa de la regulación vendía marcada por la ley de turismo".
"Se trata de un acuerdo político del equipo de gobierno, refrendado por la mayoría en pleno, que nace de una demanda social y una preocupación global generada por las dificultades para acceder a una vivienda, agravada por la evolución exponencial del alquiler turístico a Palma", ha concluido.
