PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS)
El ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, acudió este miércoles a los juzgados a las 9.30 horas para prestar declaración en calidad de imputado, dentro de una pieza separada del procedimiento que investiga la presunta trama de corrupción urdida en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la pasada legislatura, conocido como caso Scala.
Viaene, que llegó acompañado de su abogado, Gaspar Oliver, inició su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma, Piedad Marín, a las 9.45 horas. En el momento de entrar a los juzgados de Vía Alemania, el ex responsable de Promoción Industrial en la pasada legislatura no hizo declaraciones a la prensa.
Por esta pieza también debía declarar el ex conseller de Industria, Comercio y Energía, Josep Juan Cardona, aunque finalmente no comparecerá después de que la defensa del diputado del PP presentase el pasado lunes un escrito en el Juzgado para alegar que por su condición de aforado su declaración debe tener lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), según señalaron a Europa Press fuentes judiciales.
En concreto, esta pieza fue abierta a raíz de las declaraciones efectuadas por el ex concejal del PP en Lloseta y administrador de Gourmet and Boutique Islands -una de las sociedades proveedoras del CDEIB-, Felipe Ferré, quien en la declaración que efectuó el pasado mes de junio ante la jueza que instruye el caso implicó a Cardona, defendido por Josep Zaforteza; Viaene y al ex presidente del Govern, Jaume Matas, entre otros ex altos cargos del PP.
MALVERSACIÓN DE HASTA CINCO MILLONES DE EUROS
En concreto, la operación investiga la presunta trama dirigida por la ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Cabe recordar que la Operación Scala se inició el pasado 29 de septiembre, con la detención de Ordinas y de su esposa Isabel Rosselló, a raíz de la supuesta trama de corrupción gestada la pasada legislatura en torno al CDEIB y a través de la cual se podrían haber malversado hasta cinco millones de euros al haber beneficiado con dinero público y sin concurso previo a personas y empresas allegadas que trabajaron para el Consorcio.
