Los periodistas se oponen al archivo de la querella solicitado por el fiscal Bartomeu Barceló
PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Europa Press y 'Diario de Mallorca' y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre han presentado este jueves un escrito de alegaciones a la solicitud, por parte del fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, de archivar la querella contra el juez del 'caso Cursach', Miguel Florit.
La querella se presentó después de que Florit ordenara la incautación de los móviles de los dos redactores en el marco de una pieza por presunta revelación de secretos, abierta para determinar el origen de informaciones periodísticas publicadas sobre la macrocausa de corrupción.
En este escrito de alegaciones, presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la representación de los periodistas descarta que la anulación del auto -diez días después por el propio juez Florit- implique que no haya existido prevaricación, argumentando que "el delito de prevaricación judicial se comete por el mero hecho de dictar sentencia o resolución injusta a sabiendas y queda consumado por el mero dictado de la sentencia o resolución, con independencia de que la misma se ejecute o no" o que sea "dejada sin efecto".
Además, también alega que la entrada por parte de la Policía en las oficinas de Europa Press sí llegó a producirse y que el material fue efectivamente incautado, además de que los documentos en papel intervenidos "no fueron precintados" y por tanto "han estado a la vista de las personas que los tuvieran en su poder".
CALIFICAN DE "SORPRENDENTE" QUE EL FISCAL PIDA EL ARCHIVO
En las alegaciones, los periodistas califican de "sorprendente" que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento en un momento "inicial" de la instrucción, ya que no se opuso a la admisión a trámite de la querella y desde entonces no se ha tomado declaración a los implicados ni se ha resuelto sobre ninguna prueba.
Además, los periodistas contestan a la Fiscalía que en este caso "aparecen otros hechos constitutivos de infracción criminal íntimamente relacionados con los descritos en la querella", por los oficios librados a distintas compañías telefónicas para que entregaran los datos de los teléfonos de los periodistas.
En el escrito, también rechazan las tesis de Fiscalía de que la actuación no violase el secreto profesional por que se hubieran localizado las fuentes antes de la incautación. De hecho, sostienen que "el Ministerio Fiscal confunde dos términos", sospechar e identificar, ya que "para que se pueda tener identificado al autor de una filtración es necesario poseer pruebas" que lo "acrediten indudablemente", y si las hubieran tenido "resultaría absurdo" haber acordado el volcado y estudio del material de los periodistas.
"Para cualquier persona resulta obvio que cuando se incautan teléfonos, ordenadores, dispositivos de almacenamiento de datos y documentación que utiliza un periodista o medio de comunicación en el desempeño de su labor y se acuerda su volcado y estudio se está violando de manera flagrante el derecho al secreto profesional, se haga con la finalidad que se haga", razonan.
