21 de febrero de 2020
28 de septiembre de 2018

La FEHM rechaza las enmiendas presentadas por algunos partidos a la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual

PALMA DE MALLORCA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha manifestado su rechazo a las enmiendas presentadas por la mayoría de los grupos políticos con representación en el Parlamento, PP, PSOE, Cs y Unidos Podemos, a la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual.

Según ha informado la FEHM en un comunicado, sin ningún tipo de diálogo con el sector, los citados partidos políticos "se han plegado a los intereses del lobby de las entidades de gestión con el fin de retroceder al sistema previo a la entrada en vigor Ley de 2014".

De este modo, la Federación ha asegurado que estas formaciones han "roto los criterios de equidad en el establecimiento de precios y arbitraje vigentes desde 2014 y han abierto la posibilidad a que las tarifas no solo sean aprobadas de forma unilateral sino a que también sean incrementadas".

Esto da lugar, según han señalado, a que ese aumento acabe repercutiendo en el precio de las habitaciones, con el consiguiente perjuicio que puede tener para la ocupación del establecimiento, y por ende, acabar incidiendo en la creación de empleo o aportación al PIB.

Por ello, la FEHM ha reclamado "sentido común" para volver al sistema establecido por la Ley de Propiedad Intelectual aprobado en 2014, que introdujo criterios de equidad a la hora de fijar los precios de las 6 entidades de gestión que operan en el sector hotelero.

Estas son la SGAE (autores y editores); AEGI (productores musicales), Aje (cantantes e intérpretes), Egeda (productores españoles), Aisge (actores y dobladores) y DAMA (autores audiovisuales), así como la creación de una Comisión para arbitrar cuestiones relativas a derechos y su cuantificación.

Desde la FEHM han reclamado que las entidades de gestión no fijen los precios libremente y a su exclusiva conveniencia, sino que estén obligadas a negociarlos con el sector, y ante la falta de acuerdo, que sea un tercero imparcial, independiente y especializado en la materia, el encargado de decidir el precio a aplicar.

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