PALMA DE MALLORCA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach apunta, en el escrito de calificación que ha presentado este martes para pedir la apertura del juicio del caso Nóos y acusar a un total de 14 personas, a la "farsa orquestada" por el expresidente del Govern y exministro Jaume Matas para posibilitar la contratación 'a dedo' del Instituto Nóos y beneficiar de este modo a sus responsables, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, con hasta un total de 2,6 millones de euros públicos.
Mediante su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público reclama un total de 11 años de cárcel para el exdirigente balear por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con otro de prevaricación y falsedad en documento público (ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta) y un último de fraude a la administración (tres años y diez de inhabilitación).
El fiscal señala que el papel que ejerció Matas fue decisivo para que el Ejecutivo autonómico destinase de forma fraudulenta 1,2 millones de euros a la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones al segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 a la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Según recalca, los contratos y convenios de colaboración rubricados fueron "fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa y omitiendo intencionadamente el procedimiento administrativo correspondiente".
"Nos hallamos ante un supuesto de una actividad pública voluntarista por parte de los imputados, que se desentienden conscientemente de las reglas que rigen la contratación pública para conseguir su objetivo, que no es otro que el de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno", prosigue Horrach en su escrito de acusación.
El representante del Ministerio Público destaca la actuación llevada a cabo por Matas a fin de aparentar que la Fundación Illesport -que junto al Instituto Balear de Turismo (Ibatur) firmó varios de los convenios con Nóos- era el que tomaba las decisiones, cuando en realidad, sostiene, el contenido reflejado en las actas de las reuniones "era fruto de las directrices y decisiones" del expresidente.
"El funcionamiento real de la Fundació Illesport pone de manifiesto que don Jaume Matas, como presidente de la Junta Rectora, era el que tomaba las decisiones relativas a la memoria de actividades, el programa de actuaciones y el presupuesto de dicha institución, y quien ostentaba el dominio" sobre la actividad de este organismo, recalca Horrach.
El fiscal rebate de este modo los argumentos vertidos por Matas durante la instrucción de la causa, con los que se desvinculaba de las decisiones administrativas adoptadas de cara a adjudicar los anteriores eventos al Instituto Nóos. Horrach recuerda que una de las reuniones que mantuvo el expresidente con Urdangarin se produjo en el Palacio de Marivent, en septiembre de 2003, fecha a partir de la cual fueron materializándose los distintos proyectos propuestos por el Duque y el pago de las cantidades sugeridas por éste.
"El ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución, es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora", asevera el fiscal, quien hace hincapié en la "importancia de la contratación pública, que representa un volumen muy importante del presupuesto de cualquier organismo público, y en la necesidad de respetar las exigencias legales para reducir al máximo las parcelas de comportamientos corruptos".
Respecto al resto de exaltos cargos de las islas, el fiscal acusa al exdirector general de Deportes del Govern, José Luis 'Pepote' Ballester (para quien pide dos años de cárcel); al exgerente de Illesport Gonzalo Bernal (ocho años); al exgerente del Ibatur Juan Carlos Alía (cuatro años), y al exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet (cinco años y medio).
