PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, ha recurrido la admisión a trámite de la querella de Europa Press y 'Diario de Mallorca' contra el fiscal Anticorrupción Juan Carrau y ha insistido en solicitar el sobreseimiento de la causa, después de que se lo denegara el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
En un escrito presentado esta semana, el fiscal Barceló rechaza la ampliación de la querella, que incluía a Carrau acusándole como "inductor" de las acciones del juez Florit, quien ordenó incautar móviles y material informático de periodistas e investigar sus datos telefónicos.
Barceló entiende que la querella de los periodistas "da a entender que el fiscal tiene una capacidad de persuadir e influir en el juez que realmente supera el sistema judicial propio de un Estado de Derecho" y argumenta que "solicitar no es inducir".
También señala que fueron los agentes de Policía encargados del caso quienes solicitaron las medidas y que el fiscal informó favorablemente; y considera que deberían aportarse datos para poder "afirmar que el fiscal al emitir su informe actuó con una intención criminal".
VUELVE A PEDIR EL ARCHIVO QUE EL TSJIB RECHAZÓ POR PREMATURO
Por otra parte, con este recurso el fiscal jefe también vuelve a pedir el archivo de la querella. El TSJIB lo rechazó calificando la petición de "pretemporánea" porque "la investigación de los citados hechos se encuentra en una fase todavía embrionaria", sin que se hayan practicado "las mínimas diligencias necesarias", argumentó la magistrada Felisa Vidal.
Ante esto, el fiscal Barceló alega que "los hechos están muy claros" y que "no son constitutivos de delito". Además, sobre la vulneración del secreto profesional denunciada por los periodistas, mantiene que la incautación de los móviles "no perseguía el desvelar las fuentes, que ya se hallaban identificadas en las diligencias practicadas hasta ese momento, sino en la intervención de los documentos que constataban el delito de revelación objeto de la causa".
Cabe recordar que la ampliación de la querella incluía como nuevos hechos presuntamente delictivos las órdenes del juez para rastrear los teléfonos de los periodistas meses antes de la incautación. En una de estas resoluciones se requerían casi tres años de listados de llamadas y posicionamientos del móvil personal de la redactora de Europa Press.
