Concretamente, piden prisión bajo fianza de 50.000 euros para Pepote y Moisés; de 25.000 euros para Romero y de 15.000 euros para Durán y Rodríguez
PALMA DE MALLORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los fiscales anticorrupción, Pedro Horrach, y Miguel Ángel Subirán exigieron hoy por una imputación genérica prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para el ex-director general de Deportes del Govern en la pasada legislatura, José Luis 'Pepote' Ballester, y para el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; de 25.000 euros para el director de la empresa de Comunicación Minbus, Miquel Romero, y de 15.000 euros para el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán, y el jefe de la UTE de las obras de esta infraestructura deportiva, Miguel Ángel Rodríguez.
Así, el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, se encuentra en estos momentos estudiando la petición del Ministerio Fiscal, con el fin de emitir en los próximos minutos un auto procesal en el que determinará si deja en libertad sin fianza a los cinco detenidos el pasado miércoles en el marco del caso Palma Arena o si, a petición de los fiscales, decreta para todos ellos prisión eludible bajo fianza.
El Ministerio Fiscal hizo esta petición, tras una maratoniana jornada de toma de declaraciones en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, que comenzó a las 08.50 horas con la llegada a las dependencias judiciales de los cinco detenidos que habían permanecido durante 72 horas en los calabozos de la Policía Nacional, el plazo máximo marcado por la ley para que una persona pueda permanecer arrestada por la polícia.
Castro y los fiscales interrogaron a los cinco arrestados sobre su supuesta implicación en el caso de corrupción del Velódromo Palma Arena, en el que se investiga desde agosto de 2008 la posible desviación para fines privados de 13,3 millones de los cerca de 50 millones de euros en los que se incrementó el presupuesto final de esta infraestructura deportiva, impulsada e inaugurada por el ex-presidente del Ejecutivo balear, Jaume Matas. Concretamente, investigan los delitos de malversación de caudales públicos, pravaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas con funcionarios.
