23 de agosto de 2019
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  • 7 de octubre de 2009

    La Fiscalía pide 24 años de cárcel para De Santos y retira la atenuante de drogadicción

    PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

    La Fiscalía rebajó hoy ligeramente su petición de pena para el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, acusado de presuntos abusos sexuales a menores, para quien solicita en su escrito de acusación definitivo 24 años de prisión frente a los 24 y tres meses que pedía anteriormente, al tiempo que ha retirado la atenuante analógica de intoxicación por consumo de drogas que concurría en todos los delitos mientras que ahora sólo aplica la atenuante analógica de embriaguez en dos de las presuntas infracciones penales cometidas por De Santos.

    Así lo señaló el fiscal José Díaz Cappa durante la exposición de conclusiones, frente a lo que el letrado de De Santos, José Ignacio Herrero, que solicita la libre absolución de su patrocinado, aseveró que la retirada de la atenuante de la drogadicción "causa indefensión" para el ex edil. De acuerdo al nuevo escrito, De Santos incurrió en cuatro delitos de abuso sexual (19 años y nueve meses de prisión), uno de corrupción de menores (nueve meses de cárcel) y otro contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud (tres años y medio de privación de libertad).

    El fiscal aseveró ya en la fase de los informes finales que los cuatro supuestos afectados -tres de ellos menores y uno de 18 años- han mantenido en todas sus declaraciones sumariales "en lo central el relato fáctico", y no consta "aversión, odio o motivos espurios" que prive detectar la veracidad de lo declarado por los menores.

    En esta misma línea, subrayó que del juicio se extrae que ninguno de los menores o sus familias intentaron "chantajear en ningún momento" al acusado ni obtener "ningún beneficio económico". "Los padres fueron muy claros en su testimonio cuando dijeron no querer nada de él", incidió Díaz Cappa, al contrario de lo declarado por De Santos, que defendió que las denuncias contra él pudieron deberse a "presiones externas" de las familias por su origen inmigrante y su situación de residencia en España.

    En concreto, la Fiscalía le atribuía en un principio cuatro presuntos delitos de abuso sexual, dos contra la salud pública y un último de corrupción de menores o alternativamente otro contra la integridad moral. Es por este procedimiento por el que el ex concejal, sobre quien ya pesan dos años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, abandonó el pasado 30 de marzo la cárcel de Palma, en la que se encontraba de forma preventiva desde el 27 de junio de 2008, tras abonar una fianza de 100.000 euros.

    Mientras tanto, en su escrito, la defensa del ex edil, ejercida por el letrado José Ignacio Herrero, niega que se produjesen estos hechos ya que "existe incluso imposibilidad física para que se realizasen", al tiempo que afirma que De Santos "no ha cometido delito alguno", por lo que "sin delito, no cabe hablar de autoría". Es por ello que el abogado del ex concejal pide la libre absolución para su patrocinado.

    Previamente a las conclusiones, comparecieron esta mañana ante el tribunal dos médicos forenses, Antonio Siquier y Emilia Salas, que emitieron un informe sobre la adicción de De Santos a la cocaína, y quienes durante el interrogatorio aseveraron que, pese a la "angustia, estrés e insomnio" que padecía el ex edil, la capacidad volitiva "no estaba afectada y la voluntad no estaba mermada".