PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicita ocho años de cárcel y el pago de una multa de 36.000 euros para un hombre acusado de construir diez viviendas, sin cualificación técnica para ello y sin la intervención de personal alguno en la dirección de las obras, para después venderlas ocultando que habían sido ejecutadas sin licencia municipal, proyecto básico y aseguramiento, y contraviniendo distintas normativas urbanísticas.
La acusación pide además que el inculpado devuelva a los propietarios el dinero que pagaron por cada uno de los inmuebles. En concreto, tanto José Luis R.M. como otros dos procesados, Pedro L.G. (quien se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión) y Carlos B.C. (dos años), se sentarán en el banquillo entre el miércoles y el viernes de la próxima semana, a partir de las 13.00 horas, para ser juzgados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Según el Ministerio Público, los hechos sucedieron entre el 19 de mayo de 2004 y principios de octubre de 2005, cuando José Luis R.M., pintor de oficio, decidió construir las viviendas en Palma, siendo además el promotor y vendedor de las mismas, incumpliendo para ello el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las distintas ordenanzas municipales.
A sabiendas de que anteriormente un arquitecto había solicitado al Ayuntamiento licencia de obra mayor para edificar en la misma finca siete despachos, el acusado no presentó ningún proyecto de ejecución ni comunicando al Consistorio que había procedido a modificar el uso del inmueble por el de viviendas. De este modo, acabó vendiendo las viviendas por hasta un total de 580.000 euros, señala la Fiscalía.
Tal y como recalca la acusación pública, las viviendas, a causa de los defectos de la construcción, padecen desde entonces humedades, goteras, filtraciones y fisuras en paredes y techos. Es más, como consecuencia de la falta de licencia y otras contravenciones, el Ayuntamiento abrió un expediente de infracción y comunicó a los propietarios, ante la imposibilidad de legalizar las viviendas, la propuesta de demolición, retirada o reconstrucción de las obras, todo ello a su cargo.
A raíz de estos hechos, sobre los acusados pesan en concreto un delito de estafa, otro continuado de falsedad en documento público y un último de falsedad en documento oficial.
