Ya pesan sobre el inculpado una fianza de 100.000 euros, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la comparecencia quincenal ante el TSJIB
PALMA DE MALLORCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha solicitado la celebración de una comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para pedir medidas cautelares contra el diputado del Grupo Mixto, Bartomeu Vicens, tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión dentro de una pieza separada del caso Son Oms, y en la que podría pedir su ingreso en prisión preventiva para evitar que el inculpado pueda sustraerse de la acción de la justicia.
Así lo indicaron a Europa Press fuentes jurídicas, que señalaron que lo más probable es que el Ministerio Público pida la privación de libertad para el ex portavoz parlamentario de UM, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros. No obstante, puntualizaron que no será hasta el mismo día de la comparecencia cuando el fiscal concrete su petición, y la defensa pueda pronunciarse también en torno a la medida cautelar solicitada.
En concreto, el tribunal de la sala de lo civil y penal del TSJIB condenó a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años al ex conseller insular de Territorio, quien, según considera probado la sentencia, ordenó el pago de 12.020 euros públicos a principios de 2007 a su asesor fiscal por la elaboración de un informe sobre el valor del suelo que fue plagiado de Internet.
Previsiblemente, la vista tendrá lugar la próxima semana y en ella el fiscal anticorrupción Juan Carrau dará a conocer su petición, pese a que, cabe recordar, ya pesan sobre Vicens la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal en el TSJIB como medidas cautelares, en virtud de un auto que dictó el juez instructor del caso Son Oms en este órgano judicial, Antonio Federico Capó, el 11 de noviembre de 2008.
Asimismo, el magistrado dictó ese mismo día libertad provisional con fianza de 100.000 euros, frente a los 800.000 que pedía la Fiscalía Anticorrupción, a fin de evitar que el principal imputado en el caso de presunta corrupción urdida en los noventa en torno a la recalificación del polígono de Son Oms pudiese abandonar la isla ante la gravedad de los delitos que se le imputan en el procedimiento principal de Son Oms -falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y estafa continuada-, que llevarían aparejada una pena de hasta 19 años de cárcel.
"INDUDABLE" ARRAIGO PERSONAL Y LABORAL
Sin embargo, la defensa de Vicens, ejercida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, alegaron entonces la inexistencia de posibilidad de fuga debido al "indudable" arraigo personal y laboral de Vicens en Mallorca.
Cabe recordar que dentro de la pieza separada en la que ha sido condenado Vicens, también se enfrenta a una pena de prisión el ex secretario general de UM, Damià Nicolau, con dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de cuatro años al considerarle cómplice de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
Por último, el tribunal condenó al antiguo contable personal de Vicens, Tomàs Martín, a dieciocho meses de multa con una cuota diaria de ocho euros y a la inhabilitación absoluta por un tiempo de un año y tres meses, por considerarle cooperador responsable de un delito de malversación de caudales públicos.
En el caso de Vicens, también imputado en el caso Can Domenge y en el del Plan Territorial de Mallorca, su defensa manifestó que está estudiando con detenimiento la sentencia así como los motivos de casación para ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Así, dispone de cinco días para anunciar el recurso desde que ayer el tribunal diese a conocer la resolución judicial, tras lo cual contará con otros veinte días para formalizarlo ante el Alto Tribunal.
Mientras tanto, el próximo martes Vicens está citado a declarar como encausado ante el juez que instruye otra pieza separada del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje, que investiga el presunto desvío de caudales públicos desde el Consell mediante contratos y subvenciones supuestamente irregulares a productoras audiovisuales. También comparecerán esa misma jornada su presunto testaferro, Alfredo Conde, la mujer de éste, Elisabeth Diéguez, y el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer.
