PALMA DE MALLORCA, 13 de Ene. (EUROPA PRESS)
El GOB denunció hoy el "elevado" impacto medioambiental que tendrá el proyecto urbanístico de Son Bordoy, donde el Ayuntamiento de Palma prevé la construcción de 613 viviendas protegidas y 333 libres. La organización ecologista hará llegar hoy al Govern balear un escrito de alegaciones en el que reclama que no se aprueben de forma definitiva la modificación del planeamiento urbanístico y se apueste por hacer accesibles viviendas vacías ya construidas.
De esta forma, el GOB consideró que el proyecto de Son Bordoy rompe el modelo urbanístico de la zona y multiplica la densidad prevista. Como alternativa, la organización insiste en potenciar la ocupación de inmuebles vacíos para declararlos viviendas de protección oficial.
En un comunicado, el GOB recordó que Son Bordoy es una zona rural de suelo urbanizable de 112.882 metros cuadrados, cuyos usos actuales son agrícolas y ganaderos. El plan parcial de urbanización de 2005 tenía previsto construir 225 viviendas, para 675 habitantes y un centro comercial sobre 2,2 hectáreas de solar. Sin embargo, el nuevo proyecto "cuadruplica el número de viviendas", lamentó.
El Gobierno balear, según señaló la organización, promueve una vía de excepción al amparo de una ley ex professo, la 5/2008, que posibilita casi cuadruplicar el número de viviendas que se pueden construir en Son Bordoy; hasta el límite permitido por el Reglamento de Planeamiento de 75 viviendas por hectárea.
De esta manera, el GOB advierte que el proyecto, de mantenerse tal como está, alcanzará la máxima densidad de población permitida por la normativa, con capacidad para acoger más de 2.500 personas. El proyecto propone la construcción de seis bloques de pisos con capacidad para 90 viviendas en cada uno. Estos grandes bloques de mine pisos, transversales a l'autopista de levante, marcarán el paisaje de la entrada en Palma desde la autopista de levante y el aeropuerto, critica el GOB.
Además, el proyecto no respeta las dotaciones mínimas de espacio para aparcamiento, que el PGOU de Palma establece en un mínimo de un aparcamiento para las viviendas de promoción pública y de 1,5 para cada vivienda de precio libre. Tampoco renuncia el proyecto a la construcción de un centro comercial al solar más próximo al enlace con las autopistas, que mantiene su superficie de 2 hectáreas.
Para evitar este incremento inmobiliario, que prevé la Ley Carbonero dada la necesidad de viviendas en Palma, el GOB propone potenciar la reserva pública de viviendas de pisos vacíos fruto de la quiebra de promotores y de la especulación inmobiliaria.
