19 de septiembre de 2019
  • Miércoles, 18 de Septiembre
  • 4 de mayo de 2008

    El Govern y Hacienda ya han mantenido conversaciones individuales sobre la reforma del modelo de financiación

    MADRID/PALMA DE MALLORCA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

    La dirección del PSOE y la Secretaría de Estado de Hacienda ya han comenzado a mantener conversaciones y contactos técnicos con los responsables de las Comunidades gobernadas por el PSOE para alcanzar una postura común en materia de financiación autonómica, según informaron a Europa Press fuentes socialistas, quienes precisaron que se ha hablado ya individualmente con el Govern balear y se continuarán los contactos después del puente del primero de mayo con el resto de autonomías socialistas.

    Estos contactos se producen después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidiera a su partido una reflexión y que alcanzara una postura común de cara al inicio de la financiación autonómica con todas las comunidades autónomas.

    De hecho, el jefe del Ejecutivo estableció el pasado sábado, durante la reunión del Comité Federal del PSOE, los tres principios por los que debe regirse el nuevo modelo: corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera para mantener el estado del bienestar y solidaridad y cohesión.

    La intención del Gobierno es comenzar esta negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de las vacaciones del verano con todas las Comunidades Autónomas, pero antes, los socialistas deberán establecer un modelo que satisfaga a todos o con el todas las CCAA puedan sentirse cómodas, tal y como pidió Zapatero en el Comité Federal.

    BALEARES PIDE LÍMITE A LA SOLIDARIDAD

    En este sentido, el Govern balear pedirá al Estado que ponga límite a la solidaridad financiera entre Comunidades Autónomas, que ha llevado a las islas a ser una de las comunidades más deficitarias al tiempo que es una de las que más aporta y, por eso, considera que la economía necesita recibir unos 200 millones de euros más al año.

    El Govern balear remitió al Ejecutivo central hace unas semanas el documento 'Cambio del modelo de financiación', en el que pone de manifiesto que las islas reciben 13 puntos menos de financiación que la media estatal, a pesar del fuerte incremento poblacional, tanto real como flotante. Por ello, el Govern reclama un ajuste flexible de la financiación que contemple la variación de la población en cada territorio.

    Por lo que se refiere al fondo de solidaridad, el Govern es favorable a fijar un techo, que se deberá ajustar en el tiempo y corregirse de acuerdo con su situación económica relativa, y partidario de ser solidarios sin penalizar la capacidad de ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos de Baleares.

    RESTO DE CCAA

    Así, tanto el equipo de Ferraz, en el que están las secretarías de Política Económica y de Política Autonómica, como el de Hacienda, han comenzado ya a mantener conversaciones individuales también con Cataluña y Andalucía.

    La intención es ir preparando una propuesta al menos de mínimos para poder convocar una reunión entre el Ministerio de Economía y Hacienda, los consejeros socialistas de Hacienda y la parte de la dirección del partido que está trabajando en esta cuestión. Las fuentes consultadas explicaron que se pretende ir a este encuentro habiendo realizado ya un análisis previo de las peticiones de cada CCAA para poder avanzar en una postura común.

    Las fuentes del Gobierno y del PSOE consultadas por Europa Press explicaron que el problema principal no está en los porcentajes de cesión de impuestos que se ya se fijaron en el Estatuto de Cataluña y que son del 50 por ciento para el IRPF y el IVA y del 58 por ciento para los impuestos especiales, sino en la fijación de los criterios del fondo de suficiencia, tanto de los servicios que se pagan con este fondo como de los criterios de reparto.

    CRITERIOS DE REPARTO Y BALANZAS FISCALES.

    La reforma de la financiación autonómica es uno de los objetivos del Gobierno para esta legislatura, según anunció el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en su presentación ante el Congreso en el debate de investidura.

    Casi todas las Comunidades están de acuerdo en que es necesario revisar el actual sistema de aportación y distribución de fondos, aunque sólo sea por actualizar el dato de la población que reside en cada región y que, en la mayoría de los casos, ha crecido en los últimos años.

    La posición de Cataluña en este debate es la más conocida, sobre todo porque el nuevo Estatuto de Autonomía exige una reforma de la financiación de esa Comunidad y que tenga lugar, además, en una negociación bilateral con el Estado. La Generalitat parte de que la Comunidad arrastra un déficit fiscal, que aporta mucho más de lo que recibe, y considera que ese reparto debe cambiar porque tiene importantes gastos propios que afrontar.

    Cataluña o la Comunidad Valenciana defienden que el criterio principal para repartir los fondos sea la población y que la financiación sirva básicamente para sostener la educación, la sanidad y los servicios sociales. Otras regiones, como Andalucía, Castilla y León o Galicia, reclaman sin embargo que se tengan en cuenta variables como la dispersión territorial, el envejecimiento de la población o la orografía y que se sufraguen también inversiones en infraestructuras, entre otros conceptos.

    Otro de los asuntos que más debate está suscitando también es si la reforma debe partir de las balanzas fiscales que el Gobierno se ha comprometido a publicar y en las que se refleja qué aporta el Estado a cada una de las CCAA y viceversa. Es lo que reclama especialmente Cataluña.

    Otro punto de vista es por ejemplo el de Extremadura, cuyo presidente, Guillermo Fernández Vara, ya se ha mostrado contrario a que sirvan para condicionar la reforma de la financiación. A su juicio, esa información debe ir acompañada también de otras balanzas como las energéticas, las de capital humano o las de inversión indústrial.