Reconoce que los servicios sociales de Baleares "tienen aún que desarrollarse mucho" para cubrir todas las necesidades de los ciudadanos
PALMA DE MALLORCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, insta a los Ayuntamientos de Baleares a que aprovechen el 20 por ciento de los 115,9 millones de euros que recibirá Baleares en 2010 con el segundo Plan E (Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local) para incrementar el servicio de ayuda a domicilio, debido a que, según recordó, es "cada vez más demandado por la ciudadanía".
En declaraciones a Europa Press, Santiago remarcó que, de esta manera, el servicio de ayuda a domicilio podrá "cubrir las necesidades" de aquellas personas en situación de dependencia, mientras que, a su vez, permitirá la contratación de personal por parte de los Consistorios.
Así, reveló que la Conselleria ya ha comenzado a mantener conversaciones con algunos alcaldes de las islas para recomendarles que aumenten este servicio, si bien recordó que el Govern debe "respetar la autonomía municipal", ya que son los Ayuntamientos los que deciden los proyectos que financian a través del segundo Plan E, al igual que hicieron con el primero.
La principal novedad de este segundo fondo estatal aprobado el pasado 23 de octubre por el Ejecutivo central es que los Consistorios están obligados a destinar el 20 por ciento del mismo al gasto de personal que dedican a los servicios sociales, como los educadores de calle y la ayuda a domicilio.
De este modo, el segundo Plan E será más estructural que el primero con el que Baleares recibió 182 millones de euros, debido a que estas inversiones estatales no irán sólo destinadas a realizar obras urgentes para hacer frente a la crisis, sino a otro tipo de proyectos, como residencias, centros de día o infraestructuras educativas, que permitirán la creación de empleos estables.
Concretamente, los Ayuntamientos de Mallorca recibirán una partida de 91,4 millones de euros, mientras que los de Menorca percibirán 9,9 millones; los de Ibiza 13,5 millones y los de Formentera 988.858 euros, siendo el municipio de Palma el que obtendrá una mayor inversión estatal a través del segundo Plan E (42,8 millones).
Así, los Consistorios de las islas tienen un plazo de tres meses para presentar sus proyectos, a partir del pasado 25 de octubre, día en el que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el segundo Plan E, de forma que las obras serán licitadas a partir del 1 de enero de 2010.
"EL 2010 SERÁ UN AÑO DIFÍCIL"
Por otro lado, la consellera de Asuntos Sociales reconoció que el 2010 será un año "difícil", debido a la crisis, "sobre todo, el primer semestre", si bien recordó que Baleares cuenta con una estructura "mínima" para cubrir las necesidades "más perentorias" de los ciudadanos.
No obstante, señaló que los servicios sociales de las islas "tienen aún que desarrollarse mucho", para lo cual recordó que el pasado 18 de agosto entró en vigor en Baleares la Ley de Servicios Sociales, que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo y que, en el actual marco de crisis económica, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables.
"Tenemos una Ley muy buena que si se desarrolla en un plazo de seis o siete años habrá un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante respecto a los servicios sociales de la Comunidad", destacó Santiago, quien confió en presentar este mes a los grupos parlamentarios una primera propuesta de la cartera de servicios sociales, que deberá aprobarse en un plazo máximo de 18 meses por Decreto, y que definirá los derechos subjetivos que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.
De este modo, la normativa establece que una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores. En caso de que la institución no lo hiciera, el afectado podrá acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre.
Santiago resaltó que a finales del año pasado, el Govern ya anunció un plan de emergencia, que ha posibilitado aprobar por vía extraordinaria una partida de más de tres millones de euros en 2009, de los que dos fueron dirigidos a los Ayuntamientos y uno a las ONG's, con el fin de que cubrieran las necesidades básicas de la población, como los alquileres y la comida.
