PALMA DE MALLORCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha pedido este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que los policías tutores, actualmente bajo las órdenes del Ministerio debido a la declaración del estado de alarma, recuperen sus funciones de asistencia en los centros escolares y puedan intervenir en caso de que los docentes detecten una situación de vulnerabilidad durante las sesiones que se llevan a cabo con el alumnado por medios telemáticos.
En una nota de prensa, la Conselleria ha informado de que este ha sido uno de los temas planteados por Castro, durante la celebración de la segunda reunión del Comité Estatal de Coordinación para el COVID-19 convocada por el Centro Nacional de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y de Emergencias (CENEM).
En este sentido, el decreto del estado de alarma establece que los agentes locales, de igual manera que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior.
El programa de policía tutor, pionero en el estado e impulsado desde Baleares, supone que un miembro de la Policía Local, con formación específica y especializado en la resolución de conflictos privados y en el entorno escolar, actúe como colaborador próximo a los centros escolares.
Entre sus funciones, y en relación directa con la actual situación de suspensión de clases, figura la tarea de vigilar y actuar ante las diferentes modalidades de absentismo escolar --en este caso, de no conexión-- o de cualquier conducta o situación que se considere de riesgo para los menores de edad, en colaboración con los centros educativos.
Por otro lado, la consellera de Administraciones Públicas y Modernización ha informado de la suspensión, mientras dure el estado de alarma, del requisito legal que establece que los policías locales en formación solo pueden hacer prácticas en sus municipios una vez hayan cursado al menos una quinta parte del curso de capacitación obligatorio.
Su suspensión responde a una petición de algunas corporaciones municipales, dada la carga de trabajo que el estado de alarma supone para el conjunto de cuerpos de seguridad. Una vez que esta suspensión quede aprobada, el personal funcionario en prácticas puede llevar a cabo una parte de la fase de prácticas en el pueblo y, por lo tanto, tiene que cumplir las diversas tareas de apoyo que se le encarguen de acuerdo con su condición.
Este curso de capacitación dio comienzo el 9 de marzo en la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP). En concreto, participan un total de 36 agentes, de los cuales siete son mujeres (19%) y 30 son hombres (81%). La edad media del alumnado es de 32,4 años; mientras que la persona más joven tiene 21 años, la más mayor tiene 41.
En cuanto a los participantes provienen de diez ayuntamientos, siete de Mallorca (Soller tres, Campos dos, Binissalem dos), 18 de la isla de Ibiza (Vila 12, Sant Josep de sa Talaia uno, Santa Eulria des Riu dos y Sant Antoni de Portamany tres), dos de Formentera y nueve de Menorca (Mahón cho, Ciutadella uno).
