Los investigadores estiman en unos 5,8 millones los fondos procedentes de la trama Nóos que fueron a parar a manos de Urdangarin y Torres
PALMA DE MALLORCA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Tras más de cuatro años de investigaciones en torno a las actividades presuntamente irregulares llevadas a cabo a través del Instituto Nóos, el juez José Castro ha puesto fin a una instrucción en el marco de la cual se han practicado cientos de interrogatorios, diligencias y registros, todos ellos dirigidos a esclarecer los pormenores que rodearon a un presunto desvío de 5,8 millones de euros públicos y al papel que jugaron los Duques de Palma al frente de su sociedad Aizoon.
Cuando a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Jaume Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma, nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto.
Sería varios años después, a principios de 2010, cuando las pesquisas darían sus primeros pasos para acabar estallando de forma definitiva en noviembre de 2011 con el registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.
En concreto, el 18 de febrero de 2010 apareció por primera vez el nombre de Nóos en un interrogatorio en sede judicial: el entonces conseller de Turismo Joan Flaquer declaraba como testigo y en su comparecencia aseguró ignorar quién gestó el convenio para la celebración de los Illes Balears Forum, aunque defendió que con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía apostar "por la armonización del turismo y el deporte".
Posteriormente, el 15 de marzo, la exjefa de Gabinete de Matas Dulce Linares aseveró ante el juez, en calidad de imputada, que la decisión de gestar el convenio fue adoptada por el expresidente aunque negó que éste le diese orden alguna para que prescindiera del control del gasto presupuestado. El propio Matas fue inquirido al respecto el 26 de marzo y en su declaración como encausado admitió que recomendó firmar los convenios y que "lo volvería a hacer". Fue de este modo como el exministro defendió la utilidad de los convenios y su tramitación, al asegurar que "todo se hizo de forma correcta".
Sería ya el 11 de julio de 2011 cuando desfilaría como imputado ante el juez Castro el exsocio de Urdangarin y fundador del Instituto Nóos, Diego Torres, quien negó que se desviasen a otros fines los 2,3 millones de euros que en total el Govern abonó a este organismo los años 2005 y 2006 para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte. Torres aseguró que las dos ediciones anuales del evento -a las que se destinaron 1,2 millones en 2005 y 1,1 un año después- se llevaron a cabo y por tanto se dio cumplimiento a la pretensión de los dos convenios rubricados.
Meses después comenzaron a perfilarse las pesquisas -hasta entonces no había sido hallada siquiera la sede de Nóos- y Urdangarin y Torres se convirtieron, a ojos de los investigadores, en los responsables de urdir un entramado societario en torno a Nóos con el que apoderarse de las ingentes cantidades de dinero público que recibía la entidad: hasta 5,8 millones de euros procedentes de Baleares y la Comunidad Valenciana.
Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que han centrado el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos.
Con estas primeras conclusiones, Castro imputaría a Urdangarin el 29 de diciembre de 2011, y el 25 de febrero de 2012 el Duque se convertía en el primer miembro de la Familia Real en declarar ante un juez como encausado. No sería la única vez que el marido de la Infanta Cristina sería interrogado por el magistrado puesto que volvería a ser citado en febrero de 2013.
