El permiso era "falso" y el vehículo que conducía no tenía seguro, según los investigadores
PALMA DE MALLORCA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La oficina de Interpol en Varsovia informó a la Guardia Civil de que la mujer polaca acusada por el atropello mortal de una menor de edad en Mallorca en 2018 no tenía permiso de conducir, y de que el que había entregado adolecía de irregularidades.
"Es decir, que es falso", ha explicado el agente que hizo la gestión, quien ha declarado como testigo en el juicio que se celebra en Palma por la muerte de la menor, Paula Fornés. A la conductora se le imputan cinco delitos, entre ellos el de homicidio por imprudencia grave y el de falsedad documental.
La Guardia Civil contactó con las autoridades polacas a través del Sistema de Información de Schengen. Se les remitió una fotocopia del permiso que la mujer entregó a la policía cuando fue detenida la noche de los hechos, el 24 de junio de 2018. El documento tenía fecha de 1998.
Según los registros de Polonia, la mujer no tenía ningún permiso de conducir. Además, la Interpol, tras hacer una consulta a las administraciones locales polacas, incluyó en su respuesta al requerimiento de España una observación destacando que el condado que figuraba en el documento no podía ser el expedidor del mismo. La mujer era de otro condado, y por tanto le correspondía expedir el permiso a otra administración. "No tiene base legal", ha apuntado el guardia civil.
Por otra parte, la Policía Local de Campos comprobó que el coche que conducía la mujer -que presentaba un fuerte impacto en uno de sus lados- no tenía seguro en vigor.
LA POLICÍA MANTIENE QUE LA MUJER HABLABA ESPAÑOL
Por su parte, los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que detuvieron a la acusada han mantenido que la mujer les entendía cuando le hablaban en castellano sin ninguna dificultad, y que aunque hablaba poco, lo hacía en español, si bien se notaba su acento extranjero. "Nos entendíamos perfectamente", ha enfatizado un policía local.
Los cuerpos policiales han defendido que se le informó de que iba a ser sometida a una prueba de etilometría, a lo que no planteó objeción, sino que la realizó "voluntariamente" y sin oponer resistencia. La prueba dio positivo.
Además, la Policía Local ha asegurado que se le informó de sus derechos -en castellano- y que ella los entendió, puesto que incluso quiso ejercitar algunos de ellos, como solicitar un médico o un abogado de oficio.
El agente de la Policía Local que intervino ha reconocido que la mujer solicitó un intérprete, pero que no lo llamaron puesto que "llevaba varias horas hablando español". Este funcionario también ha apuntado que la acusada les facilitó el número de teléfono de su hija.
Cabe resaltar que la defensa de la acusada impugna la prueba de alcohol, que dio positivo, alegando que no se le informó adecuadamente de sus derechos porque no entiende el idioma. La mujer sostiene que no habla castellano, a pesar de que llegó a España hace siete u ocho años.
NO ERA CAPAZ DE MANTENER EL EQUILIBRIO
Además, los policías y guardias civiles han coincidido en que la mujer presentaba claros síntomas de embriaguez, hasta el punto de que la tuvieron que sentar porque no era capaz de mantener el equilibrio. "Un par de veces se fue al suelo", ha contado uno de los agentes.
La víctima, una menor de 15 años, sufrió un politraumatismo severo y una parada cardiorrespiratoria que le causaron la muerte. Según varios testigos, la conductora huyó tras el suceso. El abogado de la familia pide 11 años de cárcel, la Fiscalía solicita cinco años de prisión y la defensa, la libre absolución. Se le imputa un delito de homicidio por imprudencia grave, otro de lesiones por imprudencia grave, un delito por conducir sin carnet, otro de falsedad en documento público y otro de conducción temeraria.
