El juez admite a la entidad promovida por Anguita como acusación popular

Julio Anguita (Archivo)
Europa Press
Actualizado: jueves, 30 enero 2014 11:10

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha admitido la personación en el caso Nóos de la asociación Frente Cívico Somos Mayoría, promovida en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita, que se suma a las también acusaciones populares ejercidas por el sindicato Manos Limpias y los concejales del PSPV de Valencia.

Lo ha acordado el juez mediante una providencia, después de que el martes solicitase a la entidad su escritura fundacional y sus estatutos y que acreditase hallarse inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, y, en base a todos estos datos, ha aceptado que la asociación sea parte de este procedimiento.

Somos Mayoría presentó la semana pasada un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que pedía personarse en defensa de los intereses de la ciudadanía, al recriminar cómo ésta "ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos".

En su escrito, el colectivo civil afirma querer ejercer la acción popular "contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas" en la causa a raíz de unos hechos que constituyen presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales: "Es muy necesario reforzar la presencia de la ciudadanía, que tanto tenemos en juego".

La entidad apunta textualmente a la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana motivada por "la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa y que por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público", algo que considera que se ha agravado desde que el juez citó a la Infanta.

CRÍTICA DE MANOS LIMPIAS

La letrada de Manos Limpias, sin embargo, acusó al Frente Cívico de querer personarse como acusación popular "para sacar un rendimiento mediático ajeno al procedimiento jurídico, dada la trascendencia del caso".

Además, recriminó que, aunque en principio pudiera ser legítima y procedente, ésta queda desvirtuada al haber transcurrido más de tres años sin que la entidad se haya personado, "desconociendo todo el sumario y estando la instrucción en su fase final".