13 de diciembre de 2019
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  • 14 de septiembre de 2009

    Un jurado popular juzgará desde hoy a Rodrigo de Santos por malversar más de 50.000 euros públicos en clubes de alterne

    La defensa atribuye los hechos a su adicción a la cocaína, cuyos efectos "le impedían reprimirse en la realización de los gastos"

    PALMA DE MALLORCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

    El ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, se sentará a partir de hoy en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un jurado popular, presidido por el magistrado Carlos Izquierdo, en el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial por la presunta malversación de 50.804 euros procedentes de las arcas públicas y que entre 2006 y 2007 abonó el ex edil en clubes de alterne masculinos y casas de masajes.

    En concreto, el Ministerio Fiscal solicita para el ex regidor del PP cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como su inhabilitación absoluta por un periodo de nueve años, tal y como indica en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press y en el que recuerda que cuando el encausado tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento judicial reintegró al Consistorio la cantidad desviada.

    No obstante, la defensa de De Santos, ejercida por el abogado José Ignacio Herrero, alega como atenuante la reparación del daño producido, además de haber actuado así debido a su "grave" adicción a la cocaína y haber procedido, antes de conocer que el proceso judicial se dirigía contra él, a confesar la infracción ante las autoridades.

    Tras la constitución del tribunal del jurado, a partir de las 10.00 horas, las partes explicarán el contenido de sus calificaciones y la finalidad de sus pruebas, para después proceder al interrogatorio del acusado. Por la tarde está previsto que comparezcan los testigos propuestos por la Fiscalía -la contable de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP), Leonor Alomar, el propietario del local Casa Alfredo, Alfredo Gómez, y seis funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía-.

    Mientras tanto, mañana se reanudará la sesión con la declaración de los testigos propuestos por la defensa -entre los que se encontraba la mujer de De Santos, María Luisa de Miguel, pese a que finalmente la defensa ha renunciado a su declaración-, y se llevará a cabo la prueba pericial con la presencia, entre otros, de varios médicos y un psicólogo forenses, y por la tarde se realizará la prueba documental y se expondrán los informes de las partes. Una vez finalizado el juicio oral comenzará la deliberación del jurado para que emita su veredicto.

    En concreto, la acusación pública postula que cuando De Santos era concejal y presidente del EMOP, se aprovechó de sus cargos para realizar "en su exclusivo beneficio particular" gastos privados mediante una tarjeta Visa municipal, entre ellos 48.817 euros en una casa de masajes, 880 en un club de alterne y 350 en una sauna, efectuados entre las 12.00 y las 7.00 horas -fuera del horario de su función pública-.

    Así, en el local de masajes Casa Alfredo el encausado abonó entre enero y octubre un total de 28.468 euros, que enmascaró como servicios de 'consulting de relaciones públicas y asesoramiento de imagen' para evitar reparos de los servicios de intervención municipales, pese a que este extremo es negado por su abogado, al afirmar que De Santos no indicó que estos gastos constasen bajo esta denominación sino que lo realizó la gerente del EMOP, con posterioridad a que fuese cesado en su cargo.

    Asimismo, la Fiscalía indica que en el mismo local De Santos realizó otros consumos y gastos bajo la denominación de Lavandería Miele -que guarda vinculación con Alfredo Gómez, propietario tanto de este negocio como de Casa Alfredo-, donde contrató servicios de enero a junio de 2007 por 20.349 euros. Asimismo, también en Casa Alfredo y bajo la denominación de Deyan Delchev -encargado del local- gastó 1.330 euros.

    Otros de los locales donde De Santos presuntamente malversó fondos públicos fue el club de alterne Prometeo, por 880 euros, mientras que en el local de sauna Sabiniano Gómez abonó 350 euros. El Ministerio Público añade que otros gastos de carácter privado fueron los efectuados en el SYP de Portitxol por 17,4 euros y El Corte Inglés -289,3 euros-.

    ADICCIÓN A LA COCAÍNA

    No obstante, frente a las acusaciones de la Fiscalía, el letrado de De Santos alega en su escrito de defensa que su patrocinado realizó los hechos debido a su adicción a la cocaína, sustancia de la que era dependiente cuando ocurrieron y que producía "un menoscabo importante" de su capacidad volitiva, lo que "le impedía reprimirse en la realización de los gastos".

    Además, niega que el reo devolviese la cantidad defraudada y reconociese los hechos cuando tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento judicial, que aún no se había iniciado, y subraya que fue reintegrado todo su importe, "siendo mayor al efectivamente defraudado". Una devolución que, asevera, supuso "un gran esfuerzo económico" para su patrocinado dado que "tiene cinco hijos que mantener".

    Por todo ello, el abogado considera que la pena a imponer debe ser de un año y dos meses de prisión, además de tres euros diarios de multa durante un mes y su inhabilitación absoluta por año y medio.

    ENCAUSADO EN OTROS DOS PROCEDIMIENTOS

    Cabe recordar que De Santos también será juzgado los días 5, 6 y 7 de octubre, en este caso por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, acusado por presuntos abusos sexuales a menores. En concreto, la Fiscalía pide 24 años y tres meses de cárcel por cuatro supuestos delitos de abuso sexual, dos contra la salud pública y un último de corrupción de menores o alternativamente otro contra la integridad moral, pese a que su defensa niega que se produjesen estos hechos y pide la libre absolución del procesado.

    Es por esta causa por la que De Santos abandonó el pasado 30 de marzo la cárcel de Palma, en la que se encontraba de forma preventiva desde el 27 de junio de 2008. Por otro lado, el ex concejal también está inculpado en un tercer procedimiento, relacionado con las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del castillo de juegos infantiles de Sa Riera y aún en fase de instrucción.