El PSIB confía en que las transferencias de Justicia lleguen a Baleares "bien dotadas, al contrario que Educación y Sanidad"
PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados de lo Penal y de Instrucción de Palma dispondrán de nuevos sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencia con los que estas instancias no cuentan en la actualidad, a raíz de la puesta en marcha del Plan de Modernización de la Justicia aprobado el pasado día 18 por el Consejo de Ministros y que empezará a aplicarse en las islas ya antes de que las competencias de este ámbito hayan sido transferidas a Baleares.
Así lo expuso hoy la secretaria de Organización del PSIB, Rosamaria Alberdi, durante la presentación de esta iniciativa, donde especificó que con este Plan, que a nivel nacional prevé un incremento del 19 por ciento de la actual planta judicial entre el presente año y 2012, la totalidad de las Salas de vista contarán con estos dispositivos audiovisuales y todos los juzgados dispondrán de sistemas informáticos avanzados adaptados a las nuevas leyes procesales, lo que permitirá la normalización del expediente judicial digital y una muy significativa reducción del soporte papel.
Tal y como manifestó en relación al traspaso de las competencias de Justicia, es "importante" que lleguen al archipiélago "bien dotadas", al contrario, dijo, que las de Educación y Sanidad, al tiempo que recalcó que "por todos los medios trabajaremos para que la transferencia llegue de la mejor manera posible y por estar dentro del Plan también de la mejor forma".
Asimismo, aseveró que Baleares es la tercera Comunidad Autónoma "mejor dotada" de infraestructuras judiciales en relación a la población, aunque manifestó que el número de litigios también es superior a la media nacional, por lo que incidió en la necesidad de que "las competencias lleguen bien dotadas para hacer frente a esta situación".
Cabe recordar, en este sentido, que las islas cuentan con un total de 20 secciones -penales y civiles- en la Audiencia Provincial, 60 juzgados en el partido judicial de Palma, seis en Inca y otros seis en Manacor, además de once en el partido judicial de Ibiza, cuatro en Maó y tres en Ciutadella, con un total de 122 jueces y magistrados ejerciendo su labor en el archipiélago.
En concreto, el Plan contempla la creación de 910 nuevas unidades judiciales y supone la acción concertada de todos los sectores implicados en este ámbito -Gobierno, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía y profesionales implicados-, tal y como recordó en la misma rueda de prensa el diputado socialista en el Congreso, Pablo Martín.
El Plan, que contiene 24 programas de actuación y 146 medidas concretas, tendrá un coste de 600 millones de euros de aquí hasta el final de la legislatura. Así, para el período 2010-2012 se crearán un total de 600 nuevas unidades judiciales (150 de ellas serán jueces de adscripción territorial, sin juzgado asignado, para cubrir vacantes y refuerzos), a razón de 200 unidades año. Si se suma esta cantidad a los incrementos producidos en 2008 (160) Y 2009 (150), al finalizar el período se dispondrán de 920 unidades judiciales adicionales, lo que significa un incremento de 19 por ciento de la planta, según explicó Caamaño.
Correlativamente, se convocarán 750 nuevas plazas de jueces (250 por año), aproximándonos más a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes. Se crearán 450 nuevas plazas en la carrera fiscal y 800 plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios judiciales. Esto supone un aumento del 17 por ciento en jueces, el 20 por ciento para fiscales y un 20 por ciento de Secretarios judiciales, según detalló el Ministerio de Justicia.
Por lo que se refiere a las comunicaciones y notificaciones judiciales, en 2012 el cien por cien de las mismas se llevarán a cabo electrónicamente mediante correo telemático (lexnet).
TRABAJO EN RED
Otra de las novedades del Plan es la implantación del EJIS (espacio judicial de interoperatividad y seguridad) y las plataformas electrónicas de intermediación, que permitirá que todos los tribunales españoles puedan trabajar en red, superando las actuales incompatibilidades entre los diferentes sistemas de las comunidades autónomas.
Finalmente, se creará un Registro Civil de servicios único, informatizado y digitalizado, en el que los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y descargar certificaciones por vía telemática. Todas estas novedades buscan así una reducción de entre el 30 y el 50 por ciento de los tiempos de tramitación y respuesta judicial.
En este sentido, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dispondrá de nuevas instalaciones y sistemas avanzados tecnológicamente, y los institutos de medicina legal contarán con nuevos sistemas y recursos para mejorar los servicios que prestan a la Justicia.
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
El plan incluye un amplio despliegue de Oficinas de asistencia a las víctimas. Se contará con este servicio en el cien por cien del territorio, según contempla el Plan de actuación aprobado por el Consejo de Ministros.
También se dispondrá de una nueva ordenación de la planta y demarcación judicial, para cuyo diseño se ha creado una comisión de expertos que terminará sus trabajos a principios del próximo año.
El Plan busca igualmente una administración de justicia más integrada en Europa, según destacó Caamaño, para lo que se profundizará en el portal europeo de servicios jurídicos comunes mediante la ejecución del Plan de Acción E-justicia y se reformará la legislación procesal española en materia de derechos y libertades, de acuerdo con el Programa de Estocolmo.
