Los inquilinos sostienen que no documentaron la entrega de las llaves porque la relación con el propietario "era buena"
PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial ha celebrado este lunes un juicio contra un hombre acusado de demandar a los inquilinos de un local de su propiedad, reclamándoles varios miles de euros, pese a que le habían entregado las llaves del establecimiento según lo previsto.
Al hombre se le imputa un presunto delito de estafa procesal. Los hechos se remontan a 2011, cuando los denunciantes y el acusado realizaron un contrato de arrendamiento de un local en Portocolom, que destinaron a un café concierto.
Según la Fiscalía, a finales de 2012 comunicaron al propietario su intención de finalizar el contrato y entregar el local después de realizar una última fiesta de cierre la noche de Reyes de 2013.
Siguiendo con el relato del fiscal, el 11 de enero entregaron las llaves y cantidades pendientes de la renta, pero en octubre de ese mismo año el propietario interpuso contra ellos una demanda de desahucio por falta de pago, reclamándoles 13.200 euros.
En el juicio denunciantes y denunciado han mantenido sus versiones. Los inquilinos sostienen que no documentaron la entrega de las llaves porque la relación con el propietario "era buena"; de hecho, han admitido que debían algunas cantidades correspondientes a suministros pero que eso no fue motivo de conflicto con él, y que estaba previsto ir pagándolo "poco a poco".
Los inquilinos han mantenido que el hombre les reclamaba rentas del año en el que ya no ocupaban el local, y que se enteraron por redes sociales de que otras personas habían estado celebrando fiestas en el establecimiento durante aquellos meses.
La Fiscalía ha cuestionado algunos aspectos de su versión. Los inquilinos han asegurado que informaron al juez que tramitó la demanda de desahucio de que habían devuelto el local, pero que no les hizo caso; la Fiscalía ha discutido que no lo hicieran por escrito hasta después de que se dictase la sentencia, que les condenó a pagar más de 6.600 euros a cada uno. Uno de ellos ha declarado que como consecuencia de lo ocurrido le han embargado la nómina.
