Santiago confía en que su tramitación parlamentaria se inicie después del verano
PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) - -
La futura Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares, que se espera que sea aprobada a finales de año, definirá una Cartera de Servicios mínimos de atención al ciudadano que estarán obligados a cumplir el Govern, los Consells Insulars y los Ayuntamientos, y garantiza una financiación adecuada para que su aplicación sea efectiva.
Así lo apuntó hoy la consellera de Servicios Sociales, Promoción e Inmigración, Josefina Santiago, durante su intervención en la jornada sobre el futuro de los servicios sociales de Mallorca, donde precisó que nueva Ley establece que la infancia "debe ser objeto de una prioridad máxima" en el reparto de los fondos sociales, y tiene en cuenta a otros colectivos de las mujeres que han sufrido violencia de género y el de 'sin techo'.
Según explicó, la finalidad de la nueva Ley es "regular y ordenar" el sistema de servicios sociales en las Islas Baleares, al tiempo que mostró su confianza en que el proyecto normativo, que ya está concluido, pueda iniciar su tramitación parlamentaria después del verano.
Otra de las novedades que avanzó la consellera es que se establece que "los sujetos de los servicios sociales deben de estar dirigidos a toda la sociedad en general", aunque se priorizan algunos sectores, como los de discapacidad física, psíquica y sensorial, y los que presentan dificultad de integración a familiar derivadas de enfermedades mentales y crónicas, y de condiciones económicas precarias, entre otros.
CARTERA DE SERVICIOS
Asimismo, destacó también como "aspecto más relevante" la definición de una Cartera de Servicios básicos, que será aprobada mediante un decreto en el plazo máximo de un año, y que marcará los servicios mínimos que deberán cumplir las administraciones públicas de las comunidad autónoma, "y que podrán reclamar los ciudadanos".
De este modo, cada institución estará obligada a elaborar un Plan estratégico que marcará las prioridades de actuación para un periodo de cuatro años, una medida que "permitirá a las entidades sin ánimo de lucro financiar con anticipación las iniciativas", apuntó.
Asimismo, en otro capítulo se establecen zonas básicas de atención de acuerdo con máximo de habitantes - con un reparto similar al de las zonas educativas o sanitarias-, mientras que otro apartado hace referencia a los derechos y deberes de los profesionales relativos a su formación y retribución, entre otros aspectos.
En unos días comenzará la exposición pública del texto que será remitido a los municipios, Consells, colegios profesionales y empresas y asociaciones que se encargan de las gestión de los servicios sociales a fin de que sus más de 137 artículos dispongan de mayor consenso posible, antes de remitirlo al Consell de Govern.
