Alabern afirma que el pago de 350.000 euros a Nimbus por un patrocinio contó con los trámites oportunos e iba avalado por un informe jurídico
PALMA DE MALLORCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Palma, Pedro Álvarez, subrayó hoy ante el juez que instruye el caso Palma Arena que el ex director general de Deportes y medallista olímpico, José Luis 'Pepote' Ballester, y el ex gerente del consorcio creado para la construcción del velódromo, Jorge Moisés, "llevaban la voz cantante" en las reuniones de este órgano público -integrado por Ayuntamiento, Consell y Govern-, y que los asuntos que se abordaban en los encuentros "daba la impresión de que ya venían decididos y supongo que ya se habían estudiado".
Así de contundente se mostró en la declaración que efectuó en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, el fiscal Juan Carrau y los numerosos abogados personados en la causa, donde incidió en que tanto Ballester como Moisés "informaban de palabra pero no aportaban documentación sobre los temas a tratar", mientras que respecto al presidente del consorcio y ex portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafael Duran, manifestó que "teóricamente presidía, pero en la práctica no presidía nada".
Tal y como explicó Álvarez, asistido por el letrado Jaime Campaner, no participó en todas las reuniones y aseguró que nunca formó parte de ninguna mesa de contratación, al tiempo que creyó recordar que no estuvo presente en la destitución del arquitecto inicial del proyecto, Ralph Schürmann, aunque "puede ser" que estuviese en la reunión donde se acordó contratar a los hermanos Luis y Jaime García-Ruíz, también imputados.
Precisamente, una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía es el motivo por el cual se le rescindió el contrato a Schürmann, y quién ordenó contratar 'a dedo' a los García-Ruiz, que percibieron 9 millones de euros en honorarios por hacerse cargo de las obras de construcción del Palma Arena, cuyos costes en apenas dos años se dispararon de 48 millones de euros a unos 110 millones. Así, se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Mientras tanto, en los encuentros en los que Álvarez sí estuvo presente comprobó cómo las actas no las firmaban los asistentes sino que "era Moisés quien tomaba unas notas y en la reunión siguiente se decía que se aprobaba el acta anterior, que no se aportaba". Por otro lado, aseguró ignorar todo lo concerniente a la división de las obras en distintas fases y que la empresa constructora, FCC, pidiera un incremento del 20 por ciento más un 10 de valoración "alegando un error valorativo", así como que tampoco "exigiera 4,5 millones de euros para ajustar su precio a valores del mercado".
También aseveró no haber oído "nunca" nada relativo a que miembros del consorcio cobrase comisiones, ya que de haberlo sabido "lo hubiera denunciado". En referencia al ex presidente del Govern, Jaume Matas, que recientemente ha mostrado su disposición para declarar ante el juez a fin de dar explicaciones sobre los hechos que se investigan, Álvarez aseguró que tampoco nunca había escuchado que el ex jefe del Ejecutivo "impusiese" la contratación de los García-Ruíz.
Respecto a ambos arquitectos, apuntó que "a los asistentes se les informó de la necesidad de contratarlos pero nadie vio el contrato", toda vez que agregó que "siempre se dijo que se les contrataba por razones de urgencia". "Parecían ser indispensables para realizar el proyecto en los plazos marcados", espetó en esta misma línea Álvarez, quien aseguró, además, que "siempre entendí" que se habían incrementado los costes de las obras "por la celeridad, pero nunca conocí que se presentara ante la junta un proyecto complementario o modificado".
Por último, aseveró que no comprobó el sistema de adjudicación de los distintos trabajos ya que "no era función mía", sino de la Conselleria de Presidencia y Deportes, que era la que "ponía la infraestructura para que todos los procedimientos de adjudicación se realizaran correctamente". En su declaración puntualizó asimismo que fue propuesto por la ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, como representante del Ayuntamiento en el consorcio ya que como regidor de Hacienda era responsable de los recursos económicos que tenían que aportarse al órgano público.
PATROCINIO POR 350.000 EUROS
La declaración de Álvarez no fue la única de esta jornada, ya que posteriormente también fue interrogado el director gerente del Instituto Balear del Turismo (Ibatur) entre 2004 y 2007, Raimundo Alabern, quien en calidad de imputado afirmó que el patrocinio del mundial de ciclismo de 2007 encargado ese año a la empresa Nimbus por 350.000 euros contó con los trámites, incluido un informe jurídico que lo avalaba, que "de ordinario sufren todas" las ofertas de este tipo, en este caso lanzada por la agencia de comunicación al organismo público del Govern.
Así lo manifestó al ser interrogado por las presuntas irregularidades que rodearon a esa operación, repecto a la cual aseveró que un patrocinio por 350.000 euros "lo tiene que decidir el conseller", en referencia al entonces titular de Turismo, Joan Flaquer, a quien recomendó la firma de este expediente por dicha cuantía. Por ello, negó que Flaquer le ordenase que se autorizara el patrocinio "simplificándose toda la tramitación y limitándose a concederlo".
Tras aclarar que el Ibatur patrocinaba entonces más de 30 eventos al año y que salvo los de pequeña cuantía todos se formalizaban como convenios, el encausado, defendido por el letrado Gregorio San José, señaló que es "perfectamente posible" que el patrocinio se aprobase en cuatro días, tal y como sucedió pese a los diversos trámites que conllevaba. Sin embargo, Alabern admitió él no leía los informes jurídicos sino que es el jefe del departamento jurídico el que le daba cuenta verbalmente.
Asimismo, el ex director gerente aseveró, a preguntas del juez, que la decisión de suscribir el convenio se adoptó tras la emisión del informe jurídico, pese a considerar el magistrado "ilógico" que tres días después de ser presentada la solicitud -el 16 de marzo de 2007- se notificase ya la aprobación -el 20 de marzo-, "contando con que se dictase la resolución correspondiente, que no consta". En este sentido, explicó que la resolución fue notificada con una carta de "tratamiento coloquial".
También sobre esta cuestión el declarante fue preguntado acerca de por qué, si el informe lleva fecha del 20 de marzo, un día antes Alabern le envió una carta al ex director de Nimbus, Miquel Romero, para comunicarle que había sido aprobada su propuesta, a lo que el imputado respondió que "la única explicación que encuentro es que, como la fecha del informe se puso con un tampón, no se haya actualizado la fecha del mecanismo".
Tal y como recordó Alabern, el Ibatur recibió una propuesta de patrocinio "muy positiva para la promoción de las islas como destino cicloturístico" y, en esta misma línea y a preguntas del fiscal, justificó que el convenio fue suscrito con Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial en este procedimiento, porque "era el exclusivista de la publicidad del mundial".
Cabe señalar que las declaraciones de ambos imputados son las primeras que tienen lugar este mes de entre las numerosas comparecencias previstas para septiembre en el marco de este procedimiento. Asimismo, se trata de dos de las nuevas imputaciones que el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, incluyó en la providencia dictada el pasado día 24 con el calendario de citaciones para este mes.
Tal y como consta en la resolución, la próxima comparecencia tendrá lugar el día 10, con el interrogatorio del ex secretario general de la Conselleria de Presidencia y Deportes, Antoni Amengual, mientras que el 11 será interrogado el asesor Juan Miguel Bauzà.
