PALMA DE MALLORCA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Hacienda del Parlament balear ha aprobado este martes instar al Gobierno central a revisar los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda de las comunidades autónomas y las entidades locales, flexibilizando su aplicación en todos los casos para hacer frente al gasto social derivado de la gestión de la situación de emergencia.
Así se ha solicitado a través de una Proposición No de Ley (PNL) firmada por socios del Pacte, que ha sido presentada y defendida por los diputados de Jordi Marí (PSIB) Antonia Martín (Unidas Podemos) y Joana Aina Campomar (MÉS por Mallorca).
Asimismo, con esta PNL se exige al Ejecutivo central a revisar la senda de estabilidad autonómica estableciendo metas asimétricas para cada comunidad autónoma según su punto de partida y a la modificación de la normativa de haciendas locales para permitir en los ayuntamientos de Baleares puedan eximir y bonificar impuestos y tasas municipales hasta que el PIB de la comunidad recupere los niveles previos a la crisis del COVID-19.
La diputada Martín ha destacado que "las administraciones públicas deben dar respuestas ágiles y eficaces frente a la crisis sanitaria, económica y social". Por este motivo, ha indicado que "los ayuntamientos deben poder invertir los superávits y que la mal llamada de estabilidad presupuestaria no les permite destinar a las necesidades de la población".
En esta misma línea se ha expresado el diputado socialista Marí quien ha destacado la importancia de "poner los fondos autonómicos al servicio de las necesidades sociales actuales".
ELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS
Por otra parte, esta iniciativa pretende que el Gobierno central elabore un plan de incentivos económicos y de impulso de la actividad económica y productiva de las Islas y del mantenimiento de la ocupación.
"Desde el Parlament sentimos la necesidad de ayudar a las administraciones locales y de colaborar en la ayuda que damos a personas y empresas, como por ejemplo las bonificaciones de tasas u otros impuestos que las empresas que han estado cerradas o han visto limitadas su actividad", ha señalado la diputada de Unidas Podemos.
Asimismo, esta PNL insta al Ejecutivo central a ampliar las medidas de apoyo financiero transitorio aprobadas en el RDL 7/2020 para que incluyan la colaboración del sistema bancario en la respuesta al impacto de liquidez de las pyme y trabajadores, con la renovación de créditos y el aplazamiento de pago de hipotecas de las personas afectadas.
Además, establece que el Gobierno flexibilice los plazos de pago de las cargas y deudas públicas transmitidas en la compra-venta de unidades de negocio autónomas y susceptibles de desarrollar una actividad empresarial, "fomentando y permitiendo así un mantenimiento de la ocupación por absorción y evitar casos de liquidación y cese de actividad".
Finalmente, también se insta al Gobierno a restringir la normativa aplicable en medios de pago para reducir las transacciones económicas en efectivo y aumentar las transacciones de pago electrónico y telemático, así como establecer medidas de fomento de la utilización de la factura electrónica a todos los niveles.
Para esta PNL se han presentado y aceptado enmiendas en los puntos 7, 8 y 9. En este sentido, se insta al Gobierno central a que la determinación de la duración o extensión de los ERTEs se establezca como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2020.
