PALMA DE MALLORCA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha aprobado este lunes por unanimidad instar al Gobierno central al Gobierno central a llevar a cabo todos los trámites necesarios para volver a instaurar la tarjeta de residencia para los ciudadanos europeos residentes en España.
El texto, que ha sido aprobado a propuesta del PP, también insta a la Delegación del Gobierno a realizar las modificaciones necesarias para que la obtención de la residencia para ciudadanos comunitarios sea un proceso moderno, ágil y sencillo para todos.
La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Margalida Prohens, ha explicado que esta iniciativa surge de una serie de reivindicaciones de un grupo de ciudadanos que han decidido elegir Baleares para fijar su residencia y que "se encuentran con constantes trabas y dificultades".
Prohens ha considerado que "merecen nuestras atención y el trabajo conjunto de las diferentes instituciones para que nuestra comunidad siga siendo la tierra acogedora que siempre ha sido, así como para garantizar la libre circulación de personas".
La 'popular' ha explicado que los ciudadanos de países miembros de la UE, de otro estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o los suizos que residen en España podrán obtener el certificado de residencia permanente si cumple con una serie de requisitos demostrables y acreditables como por ejemplo, haber residido en España un periodo continuado de cinco años, ser trabajador por cuenta propia o ajena y acceder a la jubilación con derecho a pensión según la legislación española, entre otros.
Por otra parte, los ciudadanos de la Unión Europea, o de un Estado de Espacio Económico Europa o de Suiza que tengan que vivir en un territorio español por un periodo superior a tres meses están obligados a solicitar su inscripción en el Registro Central de Extranjeros para obtener un certificado de registro.
Así, ha manifestado que este certificado de registro sustituye desde el 2 de abril de 2007 a la anterior tarjeta de residencia, que al ser un documento personal con fotografía del titular servía como documento acreditativo del mismo.
"La trasposición de esta directiva europea supone en muchos casos una paso atrás en cuanto a simplificación y mejora de los trámites administrativos", ha dicho.
La anterior tarjeta servía para la realización de cualquier trámite e identificación personal con un formato sencillo similar a una tarjeta bancaria pero en el año 2007 pasa a ser un certificado de papel tamaño DINA4 de manera que es necesario que se acompañe de otro documento identificativo para realizar actividades cotidianas, lo que obliga a los poseedores de este impreso a llevar siempre consigo su pasaporte o documento de identidad de su país de origen.
Por otra parte, Prohens ha destacado la importancia de instar a la Delegación a que continúe trabajando de manera conjunta con el Ministerio para normalizar la situación, así como a instaurar medidas con cita previa o procesos telemáticos que facilitarían el proceso, como ya se hace en otros países europeos.
En Baleares viven 118.500 ciudadanos comunitarios, según el censo, aunque, según asociaciones, entidades y el propio cuerpo consular, la cifra es de 200.000 personas. "Perdemos más de 80.000 personas, personas que prefieren vivir en situación alegal porque la administración pública obsoleta que tenemos no responde a sus demandas y necesidades", ha concluido.
