PALMA DE MALLORCA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las principales patronales de comercio del Estado reunidas hoy y mañana en Palma para analizar los efectos de la entrada en vigor, el pasado jueves, de la normativa Bolkestein han constatado un "desmantelamiento" de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia comercial, que las dejará sin capacidad ejecutiva para regular la apertura de grandes superficies, una potestad que pasará a manos de las administraciones locales.
Así lo explicó hoy a Europa Press el secretario Institucional de PIMECO, Josep Capó, en un receso del Foro de Comercio Benicarló que arrancó hoy en la capital balear con el fin de trazar estrategias de oposición a la normativa Bolkestein. Después de que el Parlamento europeo aprobara la normativa, la Comisión tiene ahora el deber de encomendar a los Estados miembros a que adapten sus normativas en materia de comercios y servicios a la ley, lo que se conoce como el proceso de transposición.
"Se trata de un proceso largo que no es inmediato, hay un plazo de tres años para realizarlo", indicó Capó. Un plazo que las patronales de comercio utilizarán para "fijar posiciones" ante los respectivos Gobiernos autonómicos.
"En qué medida debemos intervenir en las distintas administraciones para plantearles medidas de autodefensa dentro de los márgenes de la Unión Europea es uno de los principales temas de debate del foro", explicó el secretario de la patronal, que puntualizó que "lo más grave" es que se "descabalga" la potestad autonómica para regular el comercio, lo que provocará, según indicó, "la transferencia a las administraciones locales de la facultad para fijar los criterios que deberán determinar la apertura o no de una gran superficie".
El problema estriba en que estos criterios son "muy ambiguos" e "interpretables en términos laxos o duros" según las presiones que reciban los Ayuntamientos de los pequeños comercios o de las grandes corporaciones empresariales. Estos criterios relacionados con la edificabilidad del territorio son "interés general, seguridad ciudadana, sostenibilidad ambiental y salud pública" pero "ningún elemento de análisis en cuanto al equilibrio de la oferta comercial", aclaró.
En el caso de Baleares, el presidente del Govern, Jaume Matas, dijo recientemente que mientras no le venga impuesta la obligación de levantar la moratoria que limita la construcción de grandes superficies la mantendrá. En este aspecto, Capó explicó que si bien la normativa europea no es inmediata, "la moratoria balear quedará eliminada después de pasar varios trámites". "El Gobierno central deberá estudiar la nueva normativa, que provocará inevitables modificaciones en las leyes autonómicas de comercio que deberán llevarse al Parlamento", señaló.
Por ello, el objetivo de los comerciantes de Baleares será la búsqueda de elementos dentro de la Ley que den aliento al pequeño comercio, pero, sobre todo, "prestar el total apoyo al Govern para que no ceje en el empeño de impedir que se le arrebate su papel en la dirección efectiva del sector comercial.
En este sentido, el secretario institucional de PIMECO puntualizó que la directiva europea "eliminará todos los argumentos de equilibrio sectorial, de crecimiento sostenible, de valoración del impacto en el comercio ya instalado, es decir, matizó, "elimina todos los argumentos y limitaciones que emanaban del contenido normativo de las Comunidades sobre el sector comercial".
En esta línea, explicó que en Baleares deberá eliminarse la prerrogativa imprescindible que se establecía para la apertura de una gran superficie, como es la necesidad de contar con una doble licencia -local y autonómica-. "Esto va a desaparecer", añadió.
Finalemente, Capó vaticinó que el proceso va a acelerarse porque la Comisión europea tiene interés en regular el comercio ante la incorporación de los nuevos Estados miembros del Este, mientras que, por otro lado, quien va a gestionar el proceso de transposición va a ser el vicepresidente económico, Pedro Solbes, un ministro con posturas "absolutamente liberalizadoras", lo que no ayudará a retrasar la puesta en marcha de la ley", concluyó
