PALMA DE MALLORCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La patronal Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) presentó un total de cuatro alegaciones al borrador del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista y normas complementarias, de forma que se produzca una trasposición de la Directiva Europea de Servicios, más conocida como 'Directiva Bolkestein', que entrará en vigor el 1 de enero próximo.
Según informaron a Europa Press fuentes de esta entidad, tres de las enmiendas hacen referencia a la exposición de motivos y la cuarta al artículo dos, que modifica el artículo 6 sobre 'Instalación de establecimientos'. Al respecto, entienden que se debe sustituir, con carácter general, el concepto de "distribución comercial" por el de "actividad comercial", dado que la Directiva europea "en ningún caso hace referencia a la distribución comercial", aseguraron.
En este sentido, Pimeco señaló que la distribución comercial "jamás ha sido regulada", dado que su propia naturaleza "escapa a cualquier tipo de ordenación". "Al ser esta una función económica que tiene por objeto facilitar los intercambios de bienes y servicios reduciendo costes al poner en contacto la producción y el consumo tiene como misión genérica favorecer el desarrollo industrial y satisfacer las necesidades de compra de los consumidores", cita la patronal.
Según matizó la organización empresarial en las alegaciones, que fueron entradas en registro de Delegación de Gobierno y --vía on line-- del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ayer martes, la 'Directiva Bolkestein' pretende "liberalizar actividades, no funciones que de por sí son inalienables a la propia naturaleza de la actividad económica en una economía libre de mercado", según señala en el escrito aportado.
Cabe señalar que Pimeco presentó estas alegaciones de forma conjunta con organizaciones homólogas de Murcia, Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana, que coincidieron también en proponer que se suprima el decimosegundo párrafo de la exposición de motivos, que hace referencia a la concesión de autorización administrativa para la instalación de establecimientos comerciales, por considerarlo "innecesario e inconsistente".
En este sentido, los órganos representantes de las pymes entienden que las apelaciones que se hacen a la doctrina científica y a la información técnica disponible para inferir que las superficies comerciales de menos de 2.500 metros cuadrados "no ocasionan impactos nocivos sobre el urbanismo y el medioambiente, son cuanto menos gratuitas y, en algunos territorios, temerarias", afirmaron.
