PALMA DE MALLORCA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular municipal presentará una enmienda en la que solicitará al Parlament que se mantenga la consulta al Ayuntamiento durante la tramitación parlamentaria de los proyectos de Ley que afectan a la aprobación definitiva del Plan general de Ordenación Urbana (PGOU), a su revisión o modificación y a la declaración de interés general.
Así lo requerirá el PP de Palma, ante la próxima aprobación en la Cámara autonómica de la modificación de la Ley de Capitalidad, tras la cual Palma no podrá aprobar de forma definitiva el PGOU, competencia que quedará a manos del Consell Insular, ni el interés general, así como desaparecerá la subcomisión específica -creada en virtud de la ley- para temas de urbanismo.
Según explicó en rueda de prensa la portavoz del PP en Palma, Catalina Cirer, esta modificación, que apoya el "equipo de gobierno de la alcaldesa, Aina Calvo", recordó Cirer, supondrá que toda la tramitación de los expedientes que han quedado durante estos meses en el aire vayan "a la cola" de todos los municipios del Consell, lo que supondrá un retraso en la tramitación de licencias de más de un año.
La Institución Insular supervisa el área de urbanismo de los ayuntamientos, de manera que -con la modificación de la Ley de Capitalidad- Palma quedará despojado de "cualquier trato específico".
Cirer consideró incoherente que en un contexto en el que se está "luchando" para tener más competencias, una petición, dijo, que se realiza desde la Federación Española de Municipios y Provincias, "nos encontramos en Palma con un ayuntamiento que dispone de una ley de Capitalidad, -como la tienen Barcelona o Madrid-, que le reconoce unas competencias, y que choca con la voluntad de los actuales dirigentes municipales, que apuestan por la eliminación de dichas competencias", detalló la portavoz.
Cirer insistió en que (las competencias) no son "privilegios", sino una serie de "derechos fundamentados en la necesidad de Palma de tener esta especificidad en relación al resto de municipios". Palma tiene 400.000 habitantes, es capital de provincia y de comunidad, por lo que, remarcó, "lo lógico es que se le reconozca la capitalidad de derecho, no sólo en temas de financiación, sino también en el ámbito competencial", concluyó.
"No queremos escapar del control supramunicipal", exclamó Cirer, quien dijo que con esta modificación "quienes pierden son, como siempre, los ciudadanos". "¿Qué diría (la presidenta del Consell) Armengol si el Govern le usurpara las competencias sobre urbanismo?", se preguntó Cirer, para quien este cambio en la ley "recortará la autonomía financiera municipal" de Palma.
Cirer recordó que a raíz de este cambio, la capital de la comunidad pasará a llamarse Palma, cuando, según recordó el secretario general del partido, José Maria Rodríguez, la denominación correcta es Palma de Mallorca, por tratarse del término municipal que agrupa numerosos barrios, además de la ciudad de Palma.
El grupo Popular en el Parlament pedirá en el próximo pleno una modificación el reglamento de la Cámara para que las cuestiones que afectan a Palma puedan ser consultadas por el Ayuntamiento.
