Recuerdan que ni Cala Blanca ni Ses Fontanelles figuran como urbanizables a desclasificar en las DOT
PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los promotores de Baleares denunciaron hoy la "inseguridad jurídica" que les ocasiona el Decreto Ley de medidas cautelares de protección del territorio, al suponer la desclasificación de unas zonas concretas y específicas, al margen de las Directrices de Ordenación de Territorio.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Promotores de Baleares, Gabriel Oliver, recordó hoy que ni Cala Blanca ni Ses Fontanelles figuraban como urbanizables a desclasificar en la Ley -6/1999- de Directrices de Ordenación del Territorio. "¿Si entonces no se desclasificaron bajo una normativa, por qué ahora sí, mediante un decreto ley?", se cuestionó Oliver.
La principal queja de los promotores estriba la "inseguridad" que les provoca la protección "puntual" de unas zonas determinadas que en su día no fueron incluidas en la normativa genérica (DOT) de protección del territorio, la cual fijaba una serie de preceptos que permitían al promotor saber dónde construir y dónde no.
"En la Ley de 1999 se definen claramente cuáles eran zonas urbanizables y cuáles se debían desclasificar. Aquellos terrenos que cumplían las prescripciones se desclasificaron y las obras previstas no pudieron seguir adelante", detalló el promotor, que indicó que desde ese año dos gobiernos liderados por los dos principales partidos de las islas no han modificado esta norma.
"Si ni Cala Blanca ni Ses Fontanelles incumplían las DOT, ahora no tiene sentido que se desclasifiquen, porque hoy tampoco la incumplen", aseveró.
"Estamos de acuerdo con una Ley genérica que establezca una casuística general que indique dónde no puede construirse -cerca del litoral, en núcleos urbanos-, pero rechazamos actuaciones puntuales y concretas porque generan una enorme inseguridad jurídica, tanto al promotor como a los propietarios de suelo", recalcó Oliver.
En este sentido, consideró que todo lo que supongan excepciones a la normativa no son correctas, tanto si generan una desclasificación como una clasificación, porque, dijo, implica "romper con la casuística fijada en las DOT para saber si una zona es apta para construir en ella o no", señaló.
En su opinión, si la administración quiere aumentar la protección debe hacerlo a través de la ley de directrices, pero no mediante un decreto ley de actuaciones concretas en zonas que, insistió, años atrás eran perfectamente urbanizables. Ello afecta al empresario, provocándole una fuerte "inseguridad jurídica", insistió.
