Alega que lleva 44.000 euros invertidos en almacenar toneladas de carne refrigerada sin que su empresa tenga actividad
PALMA DE MALLORCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El propietario de la empresa cárnica de Marratxí investigada desde marzo de 2018 por un presunto delito contra la salud pública ha pedido al Juzgado que se le permita destruir el género inmovilizado, por el perjuicio económico que supone su almacenamiento.
En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, el empresario alega que ha invertido ya unos 44.000 euros en mantener toneladas de carne refrigerada, a pesar de que la actividad de la empresa lleva suspendida desde que se produjeron las detenciones y registros.
Por ello, el empresario investigado advierte del grave perjuicio económico que implica guardar la carne, puesto que actualmente no tiene ingresos y el mantenimiento de las instalaciones frigoríficas lleva aparejado un elevado coste.
El empresario solicitó anteriormente que se realizasen analíticas del género inmovilizado, puesto que se le acusa de distribuir carne en mal estado a servicios de restauración. También pidió que el almacenaje se derivase a otras dos instituciones.
La Conselleria de Salud dejó en manos del Juzgado la decisión sobre el futuro del género inmovilizado. El Govern consideró que la carne no debía destruirse porque entiende que podría ser una prueba objeto de análisis. Con todo, la carne lleva congelada más de un año y medio.
La operación policial se desarrolló en marzo de 2018 y fueron detenidos el propietario y dos responsables de la empresa, a quienes se les imputaban delitos de estafa, falsedad documental, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social. Durante la investigación se archivaron las actuaciones para dos imputados.
El empresario investigado, defendido por el letrado Antoni Montserrat, ha negado las acusaciones y ha pedido el sobreseimiento en varias ocasiones. La empresa rechaza las supuestas malas prácticas respecto a la manipulación de alimentos y asegura que cumplen con las directrices de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).
La Policía acusaba a la empresa de facturar una cantidad mayor de carne de la entregada -presuntamente adulterándola con vísceras y sangre de cerdo-; de manipular las fechas de caducidad; y de distribuir alimentos congelados como frescos, entre otras prácticas. La investigación se inició con una denuncia de un trabajador.
