22 de noviembre de 2019
  • Jueves, 21 de Noviembre
  • 1 de julio de 2014

    El PSIB presenta una enmienda a la totalidad a la Ley de Minas de Baleares

    Censura que la normativa abre la puerta al 'fracking'

    El PSIB presenta una enmienda a la totalidad a la Ley de Minas de Baleares
    COORDINADORA ECOLOXISTA

       PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -    

       El grupo parlamentario socialista ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de minas de Baleares, aprobado por el Consell de Govern el pasado 9 de mayo, porque favorece todo tipo de explotaciones de canteras sin tener en cuenta la relevancia medioambiental del terreno afectado por las extracciones.

       Según ha señalado en rueda de prensa el diputado socialista Marc Pons la futura normativa "abre la puerta" a la técnica de fractura hidráulica (fracking) como búsqueda y extracción de gas no convencional, un tipo de actuación que el PSIB ha propuesto recientemente su prohibición, mediante una proposición de ley que fue rechazada en el Parlament balear, con los votos en contra del PP.

       Asimismo, Pons ha considerado "sorprendente" que no se exija la aprobación de un estudio de impacto ambiental a la hora de autorizar una nueva cantera, como parte de la tramitación, por lo que ha reclamado que se pida dicha evaluación a la hora de conceder los permisos.

       Además, los socialistas proponen que la nueva Ley de minas cuente con un mapa de los recursos mineros existentes en la comunidad autónoma y que el texto aprobado no contempla.

       Por último, Pons ha pedido al grupo parlamentario popular que la ponencia que se abrirá para su tramitación en la Cámara autonómica, se prolongue el tiempo necesario para que se pueda debatir con el detalle necesario que requiere una normativa que es muy "técnica".

       El proyecto de Ley de Ordenación Minera de las Islas Baleares incorpora la obligatoriedad de restauración de las excavaciones o cualquier terreno afectado por las extracciones. En caso de incumplimiento de la obligación de restaurar se contemplan duras sanciones y medidas específicas como que la administración autonómica asuma esta tarea y, en casos concretos, hasta la expropiación de los terrenos.