PALMA DE MALLORCA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSM-IniciativaVerds se opone a que el Palacio de Congresos se financie con capital "exclusivamente" público, por lo que se prevé que en el pleno extraordinario de este jueves la regidora nacionalista, Nanda Ramon, vote en contra de que el Ayuntamiento de Palma avale el préstamo de 30 millones de euros que formalizará la sociedad Palacio de Congresos S.A, tal y como lo han propuesto PSOE y PP.
Asimismo, la fuerza nacionalista ha manifestado en un comunicado que antes de apoyar el aval del crédito de 30 millones de euros se tendría que aclarar la situación jurídica en la que la actual empresa concesionaria, el grupo Barceló, abandonaría el proyecto, así como las condiciones del nuevo concesionario para la explotación y gestión de la infraestructura, y la legimitidad de la continuación de las obras.
Por tanto, este partido ha considerado que el Palacio de Congresos se tiene que acabar con inversión privada, al apuntar que en tiempos de crisis económica, "las Administraciones públicas tienen que priorizar las inversiones para mejorar las infraestructuras destinadas a la cobertura social de los ciudadanos en lugar de invertir en esta infraestructura y un hotel, proyectos para los que es posible contar con inversión privada".
Asimismo, el PSM-IniciativaVerds ha exigido aclarar la situación en la que el grupo Barceló abandonará la concesión y las condiciones del nuevo concesionario para la explotación y gestión del equipamiento. De lo contrario, el aval del préstamo de 30 millones de euros "sólo se puede calificar de fuga hacia adelante, inadmisible al tratarse de dinero público".
El secretario general de la formación, Antoni Verger, ha afirmado que "es necesario acabar el Palacio de Congresos", "pero también es imprescindible conseguir que se acabe la construcción con inversión privada". "Sobre todo, teniendo en cuenta la dramática situación de las arcas públicas y las crecientes necesidades sociales a atender ahora en tiempos de crisis".
Además, Verger ha exigido "que sea la seguridad jurídica la que guíe las actuaciones institucionales y la gestión del dinero público", ha concluido.
