El portavoz del PP criticó a Zapatero por poner obstáculos a la tramitación de expedientes de expulsión en las islas
PALMA DE MALLORCA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP balear, Miguel Ramis, calculó hoy que, en Baleares, viven muchos más de 50.000 inmigrantres en situación de ilegalidad, un problema que ha aumentado en los últimos años en esta Comunidad, como en el resto de España, debido al "efecto llamada" que puso en marcha el Ejecutivo que lidera José Luis Rodríguez Zapatero.
Al respecto, Ramis añadió que la cifra de 600 inmigrantes "sin papeles" que están pendientes de expulsión, una información que recoge hoy el diario 'Ultima Hora', no es más que la "punta del iceberg", ya que se trata de una pequeña parte de un asunto que "es más preocupante debido a una decisión política del Gobierno del Estado", que se niega a poner en marcha el Centro de Internamiento de Inmigrantes en el archipiélago.
Asimismo, el dirigente 'popular' aseguró que la ausencia de este centro impide que apenas se puedan ejecutar órdenes de expulsión en nuestra Comunidad Autónoma, por lo que, según dijo, a día de hoy "prácticamente no se está aplicando ninguna, una realidad de que es culpable el Gobierno de Zapatero", agregó.
"Si se detienen a los inmigrantes que se encuentran en situación de ilegalidad, pero seguidamente se les deja libres porque no se les puede retener en ningún sitio, mientras se tramita su expediente de expulsión, cuando después se quiere encontrar a estas personas para detenerlas e idenficarlas, como pasos previos a la aplicación de su expulsión, resulta imposible", detalló.
Es por ello, que según Ramis, "es normal que los juzgados de las islas no den abasto para tramitar todos los expedientes de expulsión que están pendientes", por lo que opinó que se está perdiendo el tiempo hasta que no exista el Centro de Internamiento de Inmigrantes, un proyecto que, recordó el portavoz del PP, comenzó a tramitarse en la etapa en la que él era delegado del Gobierno en las islas.
Una etapa en la que "intentamos aplicar la Ley existente en materia inmigración" insistió, y aunque contabamos con los mismos medios materiales y humanos "nosotros intentábamos hacer bien las cosas y llevar adelante las expulsiones", una voluntad que "parece que ahora no existe", aseveró.
