PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, ha explicado este martes que la Delegación ha recurrido las ayudas del Ayuntamiento de Pollença a empresas por utilizar "únicamente el catalán" porque tienen "la obligación de velar por que las dos lenguas cooficiales tengan el mismo valor y que se subvencionen por igual, como recoge la Constitución".
Así se ha expresado en un comunicado en el que argumenta que el acuerdo municipal, aprobado el pasado 6 de marzo, "vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional" al limitar el acceso a las ayudas a aquellas empresas que se expresen "únicamente en catalán" en impresos, carteles, actividades publicitarias o documentos administrativos.
Por ello, el pasado 16 de abril la Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso-administrativo. La Delegación del Gobierno en Baleares ha recordado que la doctrina constitucional señala que "la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas".
"El TC establece que la cooficialidad ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas cooficiales, que impide atribuir carácter preferente a ninguna de ellas", doctrina que "está recogida por sucesivas sentencias en los últimos años", ha apuntado la Delegación.
La Delegación del Gobierno también ha recordado que en otras ocasiones ha recurrido acuerdos similares en los Ayuntamiento de Palma y Calvià, por considerarlos inconstitucionales.
En concreto, la Abogacía del Estado impugnó en 2017 ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) el acuerdo del Ayuntamiento de Calvià que introducía exigencias lingüísticas, sociales y medioambientales a las empresas que contraten con el consistorio, en relación a las cláusulas que exigían el uso del catalán en rótulos, publicaciones, avisos y otras comunicaciones, así como que los trabajadores tuvieran el "conocimiento suficiente del catalán".
En el mismo sentido, recurrió ante el TSJIB el acuerdo del Ayuntamiento de Palma de octubre de 2016 que obligaba a las empresas que contratan con dicha Administración local a "utilizar el catalán".
