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PALMA DE MALLORCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
La teniente de alcalde de Función Pública del Ayuntamiento de Palma, Irene San Gil, quien ha acudido este lunes en calidad de imputada a los Juzgados de Vía Alemania, no ha declarado finalmente después de que una funcionaria del Consistorio, quien también estaba citada como encausada, haya aportado documentación que había requerido el Juzgado sobre el proceso de selección del tribunal que intervino en unas oposiciones presuntamente amañadas de la Policía Local.
Junto a San Gil estaban citados tres funcionarios, si bien finalmente no se han llevado a cabo los interrogatorios debido a la entrega de estos informes. En cualquier caso, todos ellos continúan imputados en la causa, mientras que la Fiscalía Anticorrupción estudiará durante estos días la documentación aportada al Juzgado de Instrucción número 12.
Se trata de unas investigaciones centradas en cómo se llevó a cabo la elección de los miembros del jurado que en 2012 intervinieron en las oposiciones a oficial y que presuntamente fueron amañadas mediante la filtración de las respuestas. La jueza Carmen González ha levantado este lunes el secreto que pesaba sobre estas actuaciones.
Según han explicado fuentes jurídicas, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento el expediente íntegro de la convocatoria de estas pruebas, para lo cual la Guardia Civil se personó en el Consistorio a fin de obtenerlo. No obstante, la jueza lo vio incompleto y volvió a solicitar cualquier información relativa a las oposiciones y más en concreto sobre cómo había sido seleccionado el tribunal desde el principio.
La Fiscalía Anticorrupción cursó además un requerimiento de esta documentación, pero al no obtener respuesta alguna, la magistrada acordó finalmente citar como imputados tanto a San Gil como a los funcionarios relacionados con el expediente.
En el marco de la causa centrada en la supuesta manipulación de las oposiciones -dentro de la cual se abrió la línea de investigación relacionada con la selección del jurado- se encuentran imputados el exdirector general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Enrique Calvo -quien presentó su dimisión tras ser encausado-, el exintendente de la Policía Local Antoni Vera y varios agentes de policía que participaron en las pruebas.
REGISTRO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL
En concreto, fue el pasado 12 de septiembre del pasado año cuando la Guardia Civil llevó a cabo un registro en las dependencias de la Policía Local, ubicadas en la Avenida San Fernando de Palma, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, quien se encontraba de guardia, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, el 18 de septiembre el alcalde de la capital balear, Mateu Isern, pidió disculpas y nombró a Guillem Mascaró como nuevo director general de Seguridad Ciudadana y a Nicolás Herrero como jefe de la Policía Local, tras la dimisión de Calvo y Vera de sus respectivos cargos.
Isern aceptó así la dimisión del entonces intendente de la Policía Local, quien alegó motivos familiares así como la intención de no dañar la honorabilidad de la institución y de ir en la línea de la política del alcalde de no tolerar este tipo de actuaciones. Además, anunció la suspensión de las pruebas selectivas de la convocatoria a intendente, al tiempo que avanzó que se estudiaría si se pueden reiniciar las pruebas o si debían modificarse las bases del modelo de convocatoria, según el resultado de la revisión.
