PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado la venta a Cort por el importe de su valor nominal, 300.000 euros, de la acción que esta sociedad poseía sobre el Palacio de Congresos de Palma.
La SMAP ha sometido esta decisión al voto del Consejo de Administración en cumplimiento de la Ley de Haciendas Locales de diciembre de 2013, por la cual una sociedad pública no puede participar en el accionariado de otra. En este sentido, cabe tener en cuenta que este título nominal representa el 50 por ciento del capital social del Palacio de Congresos de Palma.
Por otra parte, el Consejo de Administración ha aprobado también la suscripción de un seguro de responsabilidad civil con la finalidad de dar cobertura civil a los máximos responsables técnicos de la SMAP, miembros del Consejo de Administración de esta sociedad y técnicos de departamentos del Ayuntamiento de Palma como Secretaría o Intervención.
Este seguro, muy extendido dentro del sector empresarial, tendrá un coste anual de 3.184 euros y en ningún caso eximirá de eventuales responsabilidades penales.
TRABAJADORES DE BICIPALMA
Por último, en la sesión de este jueves también se ha acordado someter a una valoración jurídica la futura situación laboral de cuatro trabajadores de Bicipalma incorporados a este servicio por el anterior equipo de Gobierno municipal, en marzo de 2011. Estas personas tienen un contrato de obra y servicio que expira en fechas próximas.
Ante la imposibilidad, por Ley, de realizar una convocatoria pública de empleo, la dirección de la SMAP ha planteado garantizar la continuidad de estas personas, incorporadas la pasada legislatura, con contratos de interinaje. Esta medida había sido consensuada entre la SMAP y el comité de empresa de la sociedad.
El Consejo de Administración ha decidido someter la propuesta de formalización de estos contratos de interinidad a informe jurídico toda la vez que el representante de la oposición ha considerado que ésta suponía vulnerar el Código de Buen Gobierno y ha propuesto la creación de un bolsín.
