PALMA DE MALLORCA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que imponía al Govern el pago de una indemnización de 1,6 millones de euros más intereses al propietario de tres parcelas en El Vilà, en el término municipal de Pollença, a raíz de su declaración como Área Natural de Especial Interés (Anei).
El Alto Tribunal ha estimado el recurso que interpuso el Ejecutivo autonómico contra la anterior resolución, que reconocía el derecho de Inmobiliaria Pollença a cobrar la anterior indeminización por los daños y perjuicios derivados de la entrada en vigor de la Ley 4/2008 de Medidas Urgentes para un desarrollo territorial sostenible de Baleares.
Con ello, se alteraban las condiciones urbanísticas de las tres parcelas de las que es propietaria la demandante, que suman un total de 3.400 metros cuadrados. Y es que la Ley aprobada por el Parlament ampliaba la protección de las Áreas Naturales de la Serra de Tramuntana, entre ellas la urbanización de El Vilà, que pasaba a tener la condición de suelo rústico protegido.
Tal y como recogía la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ahora anulada, al tiempo de la entrada en vigor de la normativa se habían ejecutado parcialmente las obras de urbanización en El Vilà, de modo que las parcelas en cuestión ya disponían de acceso rodado asfaltado, suministro eléctrico y red de agua potable, que servían a las viviendas ya edificadas al otro lado de la calle.
El Supremo establece de esta forma que la indemnización por parte del Govern debe limitarse a los gastos y costes en que el afectado hubiese incurrido para la elaboración del proyecto, los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción para la ejecución de los trabajos.
Sl respecto, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) ha destacado que, con esta sentencia, "queda claro que la petición de indemnizaciones ante Leyes proteccionistas no siempre sale caro". En este caso, la entidad ecologista celebra que el TS "avale la protección impulsada a través de la Ley de Medidas Urgentes para un desarrollo sostenible".
