PALMA DE MALLORCA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
UGT solicitó hoy que se "depuren responsabilidades políticas" en el accidente ocurrido hoy en el hotel Son Moll de Cala Ratjada (Mallorca), en el que se estaban realizando trabajos de rehabilitación, al considerar que el Ayuntamiento de Capdepera debería haber ejercido su potestad a la hora de paralizar las obras, ya que el establecimiento carecía de licencia.
El responsable de Acción Sindical de UGT en Baleares, Manuel Pelarda, criticó, en declaraciones a Europa Press, que existe cierta "impunidad" en los municipios pequeños de las islas, algo que, opinó, constituye "un agujero" en materia de prevención laboral.
Pelarda manifestó que el responsable del accidente es el "empresario que no ha cumplido la normativa" en materia de riesgos laborales, en este sentido señaló tanto a la cadena hotelera como a las UTEs que eran subcontratadas. No obstante, remarcó que existe una "responsabilidad política" de manera que el ayuntamiento del municipio deberá indicar los motivos por los que no paralizó la obra mediante su precinto o la actuación de la Policía Local de Capdepera.
Así, expresó que actualmente se está llevando a cabo la investigación del accidente por parte de técnicos de la Conselleria de Trabajo y Formación, así como por la Inspección de Trabajo con la ayuda de la Policía Judicial y "bajo la batuta del Juzgado de Manacor".
Tras la investigación se remitirán los informes elaborados al juez instructor y se actuará de la misma manera en que se procede como con cualquier tipo de delito.
Así, Pelarda hizo hincapié en que el alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, tiene una responsabilidad política y "no basta" que el consistorio diga que remitió un comunicado a la empresa propietaria del hotel, Serrano SL. En este sentido, expresó que los ayuntamientos tienen la obligación de hacer cumplir la ley y sostuvo que "no hubiera habido accidente" si la Policía Local hubiera ordenado la paralización de las obras.
RESPONSABILIDADES PENALES
En cuanto a las posibles responsabilidades penales que pueda tener el suceso, el secretario de Acción Sindical manifestó que sobre este aspecto serán los jueces los encargados de decidir sobre a quién deben procesar.
Preguntado sobre si considera que el alcalde de Capdepera debería dimitir, Pelarda eludió expresarse alegando que serán en función de las explicaciones que el edil dé sobre los motivos por los que no paralizó las obras cuando matizará qué medida creen que debe adoptar.
La misma fuente anunció que ha solicitado a la Conselleria de Trabajo y Formación "una reunión urgente" entre todos los ayuntamientos de las islas, los Consells Insulares y la propia Conselleria para adoptar las medidas de prevención oportunas.
En este sentido, indicó que los agentes de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil deberían contar con formación para evaluar qué empresas no reúnen con los requisitos de prevención. Así, mantuvo que esto "requiere un pacto" en el ámbito local puesto que los ayuntamientos, como la administración más cercana, deben convertirse en el primer nivel para combatir la "sensación de impunidad".
Sobre esta formación, afirmó que podría ser impartida por los propios técnicos de prevención de la Conselleria de Trabajo y Formación y de esta manera combatir la delincuencia puesto que la Ley de Riesgos Laborales es la que "más se incumple y la que menos se castiga".
Por todo ello, Pelarda indicó que hay que "ponerse las pilas" para lo que será necesario que el Ejecutivo balear instaure más medios económicos y recursos humanos. Finalmente, el secretario sindical reivindicó una ley integral sobre siniestralidad.
