PALMA DE MALLORCA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
UGT ha alertado de que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 2012 materializa una nueva batería de recortes a los derechos laborales de los empleados públicos de las islas, entre las que destaca el "importante descuento" del salario que se aplicará a los trabajadores de la sanidad pública durante los periodos de baja por enfermedad común o accidente no laboral.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, la Ley de Presupuestos incluye otras medidas de recorte en el ámbito sanitario, como la extensión de la congelación de los acuerdos de carrera profesional durante 2012, la desaparición de los anticipos extraordinarios y un recorte del 30% del presupuesto de acción social, que supondrá una reducción proporcional de las ayudas sociales para el personal del IB-Salut.
La UGT ya advirtió públicamente de la "profundidad y dureza" de los recortes que se anunciaban y presentó alegaciones al proyecto de Ley de Presupuestos, dirigidas a todos los grupos parlamentarios de la cámara.
No obstante, ha puntualizado que la inclusión de determinadas excepciones en la aplicación de los descuentos durante los periodos de baja mejoran el primer documento presentado por la Administración y corrigen la creación de situaciones "injustas y penosas" para los afectados por enfermedades graves.
A pesar de ello, ha afirmado que estas modificaciones no pueden satisfacer en ningún caso las expectativas del sindicato, ya que la medida de recorte es "la más dura" de las aplicadas en el conjunto de CCAA del Estado.
Asimismo, ha recordado que el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno ha anunciado la aplicación de nuevas medidas de recorte a los empleados públicos, las cuales "posiblemente acaben imponiéndose en los ámbitos autonómico y local" de las islas.
Así, ha puesto como ejemplo de estas medidas la tasa de reposición de personal 0% salvo excepciones (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal médico, docente y aquel dedicado a perseguir el fraude fiscal), la congelación de los salarios y el aumento de la jornada a 37,5 horas semanales o la reducción proporcional del salario si se mantiene la jornada de 35 horas.
UGT ha lamentado que, en caso de aplicarse estas medida, las opciones serían "ciertamente sombrías" en cualquiera de las dos posibilidades, ya que o sufrirían un nuevo recorte de retribuciones o la eliminación de un importante número de puestos de trabajo.
Por todo ello, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha considerado una "vulneración" de los derechos de los empleados públicos las medidas incluidas en el Decreto Ley de medidas urgentes aprobado en el Consejo de Ministros, las cuales ha apostillado que además constituyen un "atentado" contra la calidad de los servicios públicos y contra los derechos del conjunto de la ciudadanía.
