El Gobierno subraya que no autoriza las "ejecuciones extrajudiciales" en la campaña, que ya ha dejado más de 6.000 muertos
MANILA, 4 Mar. (DPA/EP) -
El 78 por ciento de los filipinos temen la posibilidad de que acaben muertos en el marco de operaciones policiales en la llamada guerra contra la droga, según una encuesta realizada a nivel nacional y publicada este fin de semana.
El estudio pone de manifiesto el temor de los ciudadanos filipinos a acabar abatidos por las fuerzas de seguridad en operativos enmarcados en la campaña contra el tráfico y el consumo de estupefacientes puesta en marcha por el presidente del país, Rodrigo Duterte, desde su llegada al poder, en julio de 2016.
Ante estos datos, el Gobierno filipino ha afirmado este lunes que no tolera las ejecuciones extrajudiciales en su campaña de guerra contra las drogas, para tratar de frenar el miedo que tienen muchos ciudadanos a acabar siendo abatidos en una operación policial.
Salvador Panelo, portavoz de la Presidencia filipina, ha subrayado que el Gobierno "no ha autorizado intencionadamente" las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la guerra contra la droga. "La posición del presidente frente a cualquier abuso cometido por los policías durante sus operaciones continúa sin cambios e inamovible. Cualquier transgresión provocará el castigo más severo impuesto por la ley", ha afirmado.
Panelo ha hecho hincapié en que todos los casos sospechosos de haber sido ejecuciones extrajudiciales están siendo investigados para "garantizar que los autores no escapan de la rendición de cuentas". La encuesta realizada por el centro demoscópico Social Weather Station en diciembre señala que el 71 por ciento de los 1.440 consultados creen que el Gobierno se toma en serio la batalla contra las ejecuciones extrajudiciales.
Desde que el Gobierno comenzó la campaña de guerra contra las drogas, más de 5.000 personas han muerto en operaciones policiales relacionadas con la lucha contra el consumo y el tráfico de estupefacientes.
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denuncia que el balance de muertos en la guerra contra la droga es aún mayor y lo sitúa en más de 12.000 víctimas mortales, incluidas personas ejecutadas por asesinos a sueldo o voluntarios armados.
