BRUSELAS 25 (EUROPA PRESS)
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Eleanor Sharpston, ha propuesto este miércoles que este organismo anule una convocatoria de empleo publicada por la Eurocámara en abril de 2016, por la cual ofrecía un centenar de contratos temporales como conductores de la institución, al considerar que se trata de un caso de discriminación lingüística.
Para acceder a la oferta, los candidatos debían tener conocimiento de dos lenguas. Por una parte, un conocimiento profundo (nivel C1, primera lengua) de una de las 24 lenguas oficiales de la UE y, por otra parte, un conocimiento suficiente (nivel B2) de alemán, inglés o francés (segunda lengua), debiendo ser la segunda lengua distinta de la primera.
España alegó que se estaba incumpliendo el derecho comunitario por distintas razones, entre ellas la limitación del régimen de comunicación entre la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) y el candidato, que se realizó únicamente en inglés, francés y alemán, así como la exigencia de "conocimiento satisfactorio de una segunda lengua oficial de la UE sin que sea necesario para el desempeño de las funciones".
Así, la abogada general coincide con España en que debe anularse la convocatoria, así como la base de datos elaborada de conformidad con ésta, ya que se dieron una serie de circunstancias durante el proceso "que podría llevar a los candidatos a creer que debían rellenar el formulario de candidatura en inglés, francés o alemán, en vez de poder usar cualquier otra lengua oficial de la UE".
En cualquier caso, las conclusiones de la abogada general son preliminares y no vinculan a la futura sentencia que tendrá que dictar un juez del tribunal con sede en Luxemburgo en los próximos meses.
La letrada considera que "exigir un nivel de conocimiento B2 del segundo idioma no era objetivamente necesario, atendiendo a las funciones que los conductores deben desempeñar", ya que "un nivel A2 habría constituido un nivel apropiado y necesario de conocimientos lingüísticos respecto de ese segundo idioma".
Por estos motivos, Sharpston estima que hubo "discriminación basada en la lengua y, a raíz de ello, una infracción de las normas contenidas en el Estatuto de los Funcionarios de la UE". La Eurocámara, no obstante, sostiene que la convocatoria no era discriminatoria.
En concreto, la institución argumenta que "el uso predominante del inglés, del francés y del alemán en las comunicaciones internas y externas", así como la necesidad de que los candidatos sean capaces de desempeñar sus funciones "apenas se incorporen al servicio" justifican esa restricción.
