MANILA, 28 Ago. (Reuters/EP) -
Activistas y familiares de ocho víctimas de la "guerra contra las drogas" de Filipinas han presentado este martes una denuncia ante la Tribunal Penal Internacional (TPI), una segunda petición que acusa al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, de asesinato y crímenes de lesa humanidad.
La denuncia de 50 páginas exige la acusación de Duterte por lo que describe como miles de ejecuciones extrajudiciales, que incluyen ejecuciones "descaradas" por parte de la Policía que actúa con impunidad.
Los críticos de campaña antidrogas de Duterte estaban siendo "perseguidos", según la denuncia, y los casos archivados por las familias de las víctimas no habían llegado a ninguna parte.
La petición del TPI sigue una denuncia similar presentada en abril de 2017 por un abogado filipino, en la cual el Tribunal Penal Internacional en febrero comenzó un examen preliminar.
El último movimiento está liderado por una red de activistas, sacerdotes y miembros de las comunidades urbanas pobres que han llevado la peor parte de la represión de Duterte. La denuncia incluye testimonios de seis familiares de ocho personas asesinadas por la Policía.
"Duterte es personalmente responsable de ordenar a la Policía estatal que cometa asesinatos en masa", ha señalado Neri Colmenares, un abogado que representa al grupo, momentos después de que confirmara que la denuncia había sido enviada al TPI.
Duterte afirma que le ha dicho a la Policía que mate solo si sus vidas están en peligro. En su discurso anual a la nación en julio, dijo que la guerra contra las drogas sería tan "implacable y escalofriante" como sus primeros dos años.
La Policía asegura que los más de 4.400 asesinados durante ese tiempo fueron traficantes que se habían resistido a ser detenidos y negaron las acusaciones de los activistas de encubrimientos y ejecuciones de usuarios de drogas.
El portavoz presidencial Harry Roque ha afirmado este martes que la última petición del TPI estaba "condenada" y que "no prosperaría" porque Filipinas se había retirado del Estatuto de Roma.
Duterte se retiró unilateralmente del tratado fundacional del TPI en marzo, diciendo que el tribunal no había seguido el debido proceso y la presunción de su inocencia, en acciones que fueron compuestas por "ataques sin fundamento, sin precedentes e indignantes" por parte de funcionarios de la ONU.
El Tribunal Penal Internacional es un tribunal de última instancia que puede ejercer jurisdicción si los estados no pueden o no quieren investigar los delitos. El Gobierno de Filipinas dice que los tribunales nacionales son capaces e independientes.
Benigno Durana, portavoz de la Policía Nacional, ha señalado este martes que la única orden que Duterte le dio a la Policía fue "librar la guerra contra las drogas y la criminalidad dentro de los límites de la ley".
