MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha expresado este viernes su preocupación por el "uso excesivo" de la fuerza durante las manifestaciones que tienen lugar en el país desde el pasado mes de abril, en respuesta a la aprobación de dos decretos ejecutivos, que fueron interpretados como el primer paso para privatizar la sanidad y la educación en la nación centroamericana.
En una carta dirigida al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, AI ha criticado que esta situación es aún "más preocupante" teniendo en cuenta que hace menos de dos años, varias organizaciones nacionales e internacionales, "denunciaron las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad hondureños como consecuencia del uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias ocurridas entre diciembre de 2017 y enero de 2018, en el marco de la represión de las protestas post electorales".
Ante esta situación, la organización ha pedido al Gobierno que garantice el derecho de protesta pacífica y a la libertad de expresión, así como que limite el uso de la fuerza "al mínimo necesario y proporcional para evitar lesiones y muertos".
Asimismo ha instado a las autoridades del país a que investiguen de forma "pronta, imparcial, independiente y efectiva" todos los casos en los que se ha utilizado la fuerza de forma "innecesaria y excesiva".
Además, ha advertido de que Amnistía Internacional documentará las violaciones de Derechos Humanos en la nación centroamericana, y acompañará a las víctimas en sus reclamos por los derechos y la justicia.
Esta carta ha sido enviada un día después de que el mandatario hondureño ordenase el despliegue de militares para ayudar a la Policía después de que dos personas murieran y más de una decena resultaran heridas debido a los enfrentamientos entre policías y manifestantes en una nueva jornada de protestas contra el mandatario.
Desde hace casi dos meses, los gremios de maestros y médicos se encuentran en pie de lucha contra la privatización de los servicios de educación y salud. Además, exigen la renuncia de Hernández, al que acusan de "usurpador" y de haberse sido reelegido en 2017 violentando la Constitución.
Ambos gremios han suspendido las labores en las escuelas públicas y los servicios de consulta externa en los hospitales, mientras otros se han unido con quemas de neumáticos y bloqueos de carreteras en el país.
Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron en mayo contra dos decretos ejecutivos, conocidos como PCM-026 y PCM-027, que fueron interpretados como el primer paso para privatizar la sanidad y la educación de la nación centroamericana.
Hernández dio marcha atrás ante la creciente contestación popular, pero las protestas en las calles han continuado y han ido en aumento hasta reclamar directamente la dimisión de Hernández.
