MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que los siete ciudadanos nigerianos condenados por el asalto del 17 de febrero de 2009 al Palacio Presidencial de Malabo fueron privados de sus derechos durante el proceso y ha reclamado un nuevo juicio. Asimismo, ha lamentado que los dos dirigentes de la formación opositora legal Unión Popular (UP) procesados por el mismo caso, Marcelino Nguema y Santiago Asumu, continúan encarcelados cuando ya ha transcurrido más de un mes y medio desde su absolución.
Según el director adjunto para África de Amnistía Internacional, Tawanda Hondora, a los nigerianos "se les negó el acceso a una defensa adecuada y no se han investigado las denuncias según las cuales habían sido torturados durante su detención". Una mujer que formaba parte del grupo murió en la cárcel.
Los nigerianos --condenados a doce años de prisión por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado--, sólo pudieron acceder a un abogado unos pocos días antes del inicio del juicio, según Amnistía. Aparte, denunció la organización, las autoridades ecuatoguineanas no les han dado facilidades para que presentar un recurso contra la sentencia.
Durante el juicio, los nigerianos se declararon "no culpables" y aseguraron que sólo eran pescadores y comerciantes que se habían perdido en alta mar y que habían llegado involuntariamente hacia las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial, donde fueron detenidos. Los nombres de los nigerianos son Marck Etim Marck, Eyoh Okon Ikara, Eyon Kun Jhon, Effiong Matew, Okokon Iyanam (alias Mintay), Isangadighi y Ekaette Eyo Okon.
Según Amnistía, no se encontraron armas en el barco que los transportaba y no tuvieron acceso a abogados nigerianos. "Las autoridades deben permitir el acceso de los detenidos a abogados de Nigeria, al personal del consulado de Nigeria en Guinea y a los servicios médicos que puedan necesitar", aseveró Tawanda Hondora.
LOS DIRIGENTES DE UP
Amnistía Internacional ha mostrado también su preocupación por la retención en el penal de Black Beach (Malabo) de los militantes de Unión Popular, Santiago Asumu y Marcelino Nguema, "pese a haber sido absueltos por el tribunal y a que su abogado defensor ha presentado un escrito ante el presidente del Tribunal de Apelación pidiendo su inmediata puesta en libertad".
El pasado 5 de abril, un tribunal de Malabo absolvió a los once ecuatoguineanos procesados, todos ellos militantes de UP, pero condenó a una pena de doce años de prisión menor a los siete nigerianos imputados en el mismo caso.
Dos días más tarde, el abogado de los militantes de UP, Fabián Nsue, aseguró a Europa Press que el presidente Obiang Nguema había decidido no reconocer el fallo absolutorio y había "secuestrado" las órdenes de excarcelación. En respuesta a estas acusaciones, el portavoz de la presidencia, Miguel Oyono Ndong, aseguró a Europa Press que el presidente no interviene en las decisiones judiciales.
Un mes después de la sentencia, ambos continuaban en prisión. En declaraciones a Europa Press, Nsue aseguró se le había informado de que los dos dirigentes de UP podrían ser transferidos a la jurisdicción militar para que se le juzgase por los mismos cargos, pesar de que "no es dable en derecho que se juzgue a una persona por los mismos hechos".
Fuentes del interior del país indicaron la semana pasada a la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE) que Asumu y Nguema continuaban "secuestrados en el penal de Black Beach por voluntad expresa del dictador".
Asimismo, indicaron que Fabián Nsue había expresado su temor de que las autoridades ecuatoguineanas intentasen incluirlos en un nuevo sumario para ser procesados por un tribunal militar. Nsue tiene intención de presentar este mismo lunes ante el Ministerio de Defensa un escrito para intentar evitar esa posibilidad.
