MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha solicitado este martes a las autoridades de Tailandia que garanticen que los Derechos Humanos son protegidos y respetados tras la imposición de la ley marcial en el país.
"La declaración de la ley marcial no ha de legitimar las violaciones de Derechos Humanos. Es crucial que el Ejército muestre la máxima moderación y respeto por las obligaciones de Tailandia con el Derecho Internacional", ha dicho el director para Asia de la organización, Richard Bennett.
En este sentido, AI ha expresado su "profunda preocupación" ante el hecho de que el Ejército ya haya hecho uso de sus poderes excepcionales para imponer numerosas restricciones, entre ellas la cancelación de las emisiones de diez cadenas de televisión y la prohibición de informar sobre asuntos "que puedan afectar a la seguridad nacional".
"Los actos del Ejército para imponer restricciones a los medios independientes son muy preocupantes. La seguridad nacional no ha de ser usada como un pretexto para silenciar el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, y pedimos al Ejército que dé espacio a los medios para que lleven a cabo su trabajo legítimo", ha valorado Bennett.
"La situación en Tailandia es tensa y volátil, y cualquier intento por restringir el derecho de manifestación pacífica u otros derechos fundamentales tiene el potencial de azuzar aún más el disenso", ha sostenido. "Es crucial que los líderes políticos de ambos bandos dejen muy claro ante sus seguidores que cualquier abuso de los Derechos Humanos es inaceptable", ha remachado.
Por último, AI ha pedido al Ejército que deje claro que el personal militar, incluidos los comandantes, podría ser investigado y juzgado por violaciones de los Derechos Humanos por los posibles crímenes que cometan durante el ejercicio de sus funciones.
La ley marcial da al Ejército el poder de actuar en caso de guerra o revuelta; usar armas para hacer frente a un levantamiento; inspeccionar, confiscar y ocupar cualquier vehículo o instalación; censurar información; bloquear y controlar los servicios postales; y activar los tribunales militares para juzgar cualquier supuesto crimen que recaiga bajo la ley marcial.
Asimismo, permite movilizar a civiles para ayudar al Ejército; hacerse con recursos como vehículos o material logístico para apoyar sus operaciones; prohibir las reuniones públicas, publicaciones, comunicaciones, viajes, transporte y movimiento de la población; imponer toques de queda; destruir cualquier instalación para beneficiar una operación militar; detener sospechosos durante siete días; y no pagar compensaciones por los daños provocados por sus operaciones.
Tailandia lleva meses sumida en una crisis política que comenzó en noviembre de 2013 con las manifestaciones contra el Ejecutivo por su decisión de impulsar una ley que hubiera permitido el regreso al país del hermano de la entonces primera ministra y exprimer ministro Thaksin Shinawatra, derrocado por un golpe de Estado en 2006 y condenado por cargos de corrupción cuando ya se encontraba en el exilio en 2008.
