20 de octubre de 2019
16 de septiembre de 2019

La "amenaza del genocidio" aún planea sobre 600.000 rohingyas en Birmania

Una misión de investigación pide al Consejo de Seguridad llevar el caso ante el TPI

La "amenaza del genocidio" aún planea sobre 600.000 rohingyas en Birmania
Refugiados rohingya llegan a Bangladesh desde BirmaniaREUTERS / MOHAMMAD PONIR HOSSAIN - ARCHIVO

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cerca de 600.000 rohingyas que siguen viviendo en Birmania continúan bajo la "amenaza del genocidio" en el país asiático, según ha alertado este lunes una comisión investigadora de Naciones Unidas.

"La amenaza del genocidio sigue (existiendo) para los rohingyas que quedan (en Birmania)", ha dicho Marzuki Darusman, presidente de la Misión Internacional Independiente de Verificación, tras la publicación del último informe.

Así, ha recordado que la misión recabó hace un año pruebas sobre "actos genocidas" durante las "operaciones de limpieza" del Ejército birmano en el estado de Rajine (oeste) durante el verano de 2017, que provocaron la huída de 740.000 rohingyas a Bangladesh.

"Birmania está fracasando en su obligación de evitar el genocidio, investigar el genocidio y aprobar legislación efectiva que criminalice y castigue el genocidio", ha sostenido.

El informe, que será presentado el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recoge que los grupos étnicos de Birmania hacen frente a una experiencia común de marginación, discriminación y malos tratos a manos de las Fuerzas Armadas.

De hecho, el documento incluye nueva información sobre abusos de los Derechos Humanos a causa de las acciones del Ejército del país --conocido como Tatmadaw-- asiático contra las minorías étnicas birmanas.

En lo relativo al conflicto con el Ejército de Arakán, la misión sostiene que "en un intento de evitar el apoyo civil a la insurgencia, el Tatmadaw ha cortado las líneas de suministro a las comunidades étnicas de Rajine, restringiendo la libertad de movimiento y el acceso humanitario".

La misión ha dicho que en el norte del país se registran "torturas y malos tratos" contra supuestos insurgentes, mientras que la violencia sexual y de género por parte de los militares "sigue siendo un hecho prominente en los conflictos en los estados de Shan y Kachin".

Durante los dos años de trabajos de la misión han sido entrevistados 1.300 víctimas y testigos y se han documentados abusos de los Derechos Humanos en los estados de Chin, Kachin, Karen, Rajine y Shan.

"Desvelar las graves violaciones de los Derechos Humanos que han tenido lugar y siguen teniendo lugar en Birmania es muy importante, pero no es suficiente", ha sostenido Radhika Coomaraswamy, integrante de la misión.

"La rendición de cuentas es importante no sólo para las víctimas, sino también para mantener el Estado de Derecho. También es importante para evitar la repetición de la conducta del Tatmadaw en el pasado y evitar violaciones en el futuro", ha resaltado.

ENVIAR EL CASO ANTE EL TPI

Por ello, la misión ha resaltado que la "responsabilidad estatal" en estos abusos implica que Birmania debería ser llevada ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por no cumplir con sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En este sentido, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que envíe al país ante el citado tribunal o establezca otro 'ad hoc', como los existentes para la antigua Yugoslavia y Ruanda.

La misión ha entregado la información que ha recopilado al Mecanismo Independiente de Investigación para Birmania, que llevará a cabo sus propias investigaciones para apoyar casos judiciales a nivel nacional, regional e internacional.

En esta misma línea, la misión ha subrayado que "la rendición de cuentas sólo puede ser impulsada por la comunidad internacional" y ha desvelado que cuenta con una lista confidencial de cien personas supuestamente implicadas en actos de genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra.

El informe destaca además que las "deplorables" condiciones de vida de estos 600.000 rohingyas en Birmania han empeorado durante el último año, lo que subraya la imposibilidad del retorno del cerca de millón de miembros de esta minoría que reside refugiado en Bangladesh.

"El escándalo de la falta de actuación internacional tiene que llegar a su fin", ha dicho Christopher Sidoti, otro de los expertos que forman parte de la misión. "Durante los últimos 60 años, el Ejército ha destruido Birmania, política y económicamente. Las poblaciones de Birmania han sufrido mucho", ha denunciado.

Así, ha explicado que "las operaciones militares contra los rohingyas de 2017 fueron, pese a su excepcional intensidad y brutalidad, parte de un patrón mayor, más duradero y general de violencia militar extrema". "A menos que la ONU y la comunidad internacional adopten una acción efectiva esta vez, esta triste historia está destinada a repetirse", ha lamentado.

REPRESIÓN EN LOS CAMPAMENTOS EN BANGLADESH

Por otra parte, varios expertos de la ONU en Derechos Humanos han expresado su grave preocupación por las nuevas restricciones y la creciente presencia militar en los campamentos de refugiados rohingyas en Bangladesh tras las protestas del mes pasado por el 'Día del Genocidio'.

Alrededor de 200.000 refugiados se concentraron en una protesta en Cox's Bazar el 25 de agosto para conmemorar el segundo aniversario de su huida de Birmania y reclamaron derechos de ciudadanía y otras garantías antes de aceptar volver a su país.

A raíz de la protesta, varios de los organizadores han sido interrogados e intimidados, según los expertos, que han recalcado que en los campamentos hay en vigor un toque de queda. Además, los teléfonos móviles han sido prohibidos y confiscados.

Además, varias ONG han visto suspendidas sus operaciones debido a su supuesto apoyo a la organización de la protesta y por presuntamente persuadir a los refugiados para que no regresen a Birmania.

"Estamos alarmados por la repentina represión contra las libertades de expresión, asamblea y asociación", han dicho los expertos, que se han mostrado igualmente "gravemente preocupados" por lo "discriminatorio" de estas medidas y por el hecho de que las mismas "puedan facilitar nuevos abusos graves de los Derechos Humanos" contra los refugiados.

Las tensiones entre las comunidades locales y los refugiados aumentaron tras un fallido intento de repatriación y el asesinato de un joven bangladeshí el 22 de agosto. La Policía mató posteriormente a cuatro rohingyas durante una operación.

"La búsqueda de justicia para el joven bangladeshí asesinado es de la mayor importancia, pero es igualmente necesario garantizar que la presunción de inocencia se respeta y que la justicia reaccionaria, sumaria y 'ad hoc' no es repartida para placar las preocupaciones legítimas de la comunidad de acogida", han argumentado.

Por ello, los expertos han reclamado al Gobierno bangladeshí una investigación "independiente, imparcial y efectiva" en torno a "todas las muertes relacionadas con este caso".

Para leer más