Pide al Consejo de Seguridad que remita el caso de Birmania al TPI y un embargo total de armas
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Birmania sigue cometiendo "crímenes de guerra y otras violaciones de Derechos Humanos" en el estado de Rajine, en el oeste del país, ahora en el marco de su campaña contra el grupo armado Ejército de Arakán, según ha denunciado Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe.
Según la organización, el Ejército birmano ha matado y herido a civiles en ataques indiscriminados desde principios de año, además de haber cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, así como desapariciones forzadas.
Dichos abusos se enmarcan en las operaciones militares lanzadas en respuesta a los ataques cometidos por el Ejército de Arakán --un grupo armado nacionalista compuesto por miembros de la etnia rajine y que cuenta con unos 7.000 combatientes-- contra puestos policiales el pasado 4 de enero, a las que el Gobierno respondió pidiendo "aplastar" a los insurgentes.
En su informe "'Nadie puede protegernos': Crímenes de guerra y abusos en el estado birmano de Rajine", la ONG recoge los testimonios de testigos --algunos recabados durante su visita el pasado marzo a la región-- pertenecientes a distintas etnias y credos, así como el análisis de fotos, vídeos e imágenes de satélites. Además, también ha hablado con responsables de ayuda humanitaria, activistas de Derechos Humanos y otros expertos.
Amnistía ha podido documentar que algunos de los batallones y divisiones del Mando Occidental del Ejército a los que ya se había acusado de abusos en el pasado han seguido cometiéndolos, mientras que las unidades recién desplegadas "han sido responsables de muchas de estas nuevas violaciones".
POSIBLES ATAQUES DIRECTOS CONTRA CIVILES
En concreto, ha documentado siete ataques ilegítimos en los que murieron 14 civiles y resultaron heridos al menos 29, la mayoría de los cuales fueron indiscriminados y algunos podrían haber sido ataques directos contra la población civil, algo prohibido por el Derecho Internacional Humanitario.
Entre los fallecidos figura un niño de 7 años, herido por un disparo de mortero durante combates entre los militares y el Ejército de Arakán al que los soldados no permitieron trasladar al hospital hasta horas después, falleciendo al día siguiente.
Aunque las comunidades de etnia rajine se han llevado la peor parte de las violaciones perpetradas por el Ejército en esta campaña, otras comunidades, incluida la rohingya, también han sufrido.
Los rohingyas, una minoría musulmana a la que las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía, fueron objeto de una campaña de represión a partir de agosto de 2017 en respuesta a ataques por parte de un grupo separatista, lo que provocó el éxodo de más de 700.000 de ellos hacia el vecino Bangladesh.
"Menos de dos años después de que la indignación sacudiera al mundo por las atrocidades en masa perpetradas contra la población rohingya, el Ejército de Birmania vuelve a cometer terribles abusos contra los grupos étnicos en el estado de Rajine", ha denunciado el director de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sureste Asiático, Nicholas Bequelin.
EL EJÉRCITO SIGUE SIN RENDIR CUENTAS
"Las nuevas operaciones en el estado de Rajine muestran a un Ejército no rehabilitado, que sin mostrar arrepentimiento ni rendir cuentas aterroriza a la población civil y perpetra violaciones generalizadas como táctica deliberada", ha subrayado.
Amnistía Internacional también ha documentado la toma de posiciones del Ejército en el complejo de templos de Mrauk U y sus temerarios ataques en la zona. Según ha explicado la organización, aunque no ha podido determinar a quién cabe atribuir la responsabilidad de los ataques, al establecer su base cerca de los monumentos el Ejército ha expuesto unos bienes históricos y culturales a la destrucción y el deterioro, violando así el Derecho Internacional Humanitario.
Por otra parte, ha documentado siete casos de detención arbitraria en el estado de Rajine desde enero, todos ellos hombres y en general de etnia rajine y en edad de combatir. Estos casos, ha precisado, con frecuencia fueron acompañadas de tortura y otros malos tratos para conseguir información sobre el Ejército de Arakán. Igualmente, tiene constancia de la desaparición forzada de seis hombres a mediados de febrero, uno de etnia mro y cinco de etnia rajine.
BLOQUEO DE LA AYUDA HUMANITARIA
Pese a que esta última ola de violencia ha provocado el desplazamiento de más de 30.000 personas, las autoridades de Birmania han bloqueado el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas, ha señalado Amnistía. "Las autoridades están agravando el sufrimiento de la población civil", ha denunciado Bequelin.
Los civiles están "pagando un precio elevadísimo por los ataques del Ejército y sus secuelas, pero el Gobierno sigue optando por guardar silencio sobre esta crisis que se agrava vertiginosamente", ha lamentado.
Asimismo, la organización ha reconocido que el Ejército de Arakán también ha cometido abusos contra la población civil, incluidos secuestros. Además, sus milicianos han puesto en peligro a la población civil, llevando a cabo en ocasiones operaciones que han puesto pueblos en peligro. También ha amenazado e intimidado a autoridades y empresarios locales, con cartas en las que les advertían de que no interfirieran con las actividades del grupo y que iban acompañadas de una bala.
Por otra parte, Amnistía ha denunciado que las fuerzas de seguridad recurren a "tácticas de eficacia probada" para silenciar las informaciones críticas con las acciones militares, y en los últimos meses han presentado denuncias contra los directores de tres periódicos locales que se publican en lengua birmana.
Según Bequelin, el Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), que lidera Aung San Suu Kyi, "puede cambiar esto" ya que "cuenta con la mayoría parlamentaria y debe usarla para derogar o reformar las leyes represivas que con tanta frecuencia se utilizan contra los periodistas".
Así las cosas, Amnistía ha defendido que "estos nuevos indicios hacen aún más acuciante que la ONU actúe frente a todo el abanico de crímenes atroces perpetrados por el Ejército de Birmania en el estado de Rajine", así como en los estados de Kachin y Shan, en el norte del país y donde están activos grupos armados de carácter étnico.
LLAMAMIENTO AL CONSEJO DE SEGURIDAD
Ante la ausencia de rendición de cuentas a nivel nacional, la organización ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita con carácter de urgencia la situación de Birmania al Tribunal Penal Internacional (TPI) e imponga un embargo total de armas.
También ha sostenido que los socios internacionales del país asiático deben replantearse sus relaciones con los líderes militares del país y aplicar sanciones dirigidas contra altos mandos.
"Con el Ejército de Birmania cometiendo atrocidades tan desafiantemente como siempre, está claro que la presión internacional debe intensificarse", ha incidido Bequelin, que considera que hasta ahora ha fracasado "a la hora de detener los crímenes" cometidos por los militares y "proteger a la población civil del país".
"El Consejo de Seguridad de la ONU se creó para responder exactamente a este tipo de situaciones, y ya es hora de que se tome en serio su responsabilidad", ha recalcado el responsable de Amnistía.
